Los fiscales federales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita reiteraron su pedido para que se cite a declaración indagatoria a la ex presidenta de la Nación, Cristina Kirchner.
“Mientras el empresario Lázaro Báez -amigo personal y socio comercial del matrimonio Kirchner- era el más beneficiado en la asignación de múltiple y millonaria obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, paralelamente le garantizaba a la ex familia presidencial ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros”, afirmaron los fiscales en el dictamen entregado al juez federal Julián Ercolini, al que accedió Télam.
En esta reiteración al pedido de 34 indagatorias, la Fiscalía adjuntó 227 puntos de prueba, además de insistir en que lo ocurrido con la adjudicación de obra pública a Báez se trató de la “maniobra previa” al lavado de dinero que ocurrió luego con los falsos alquileres en hoteles de los Kirchner, que se investiga en la llamada causa “Hotesur”.
Los fiscales habían pedido ya las declaraciones indagatorias en un dictamen firmado el 16 de agosto pasado, pero Ercolini les reclamó que entregaran al juzgado toda la prueba reunida al respecto para poder fundamentar las acusaciones en cada caso, algo que se cumplió ahora.
En el listado de pedidos de indagatoria, están Cristina Fernández de Kirchner; Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas ya preso en otra causa, José López; un primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner; y el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, entre otros.
“Se investiga la matriz de corrupción que desde la Presidencia de la Nación y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública —Ministerio de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz— se habría montado como estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos”, reiteraron los fiscales.
A partir de esta matriz delictiva, “se habría asignado en forma discrecional prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz, lo que representó contratación del Estado en favor de Lázaro Antonio Báez por más de 16 mil millones de pesos”.
Los fiscales advirtieron que “no se vislumbran razones para demorar el cumplimiento” de las indagatorias pedidas por parte del juzgado.
“No resulta ocioso destacar en este sentido que la necesidad de avanzar sin demoras en la investigación, juzgamiento y sanción de hechos de corrupción como el que aquí nos ocupa, no resulta sólo una pretensión de esta parte, sino que constituye un deber del Estado Argentino”, remarcaron.
En este marco, aludieron “en particular” a los “jueces y fiscales como operadores del servicio de justicia a partir de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en materia de corrupción, en los que se ha comprometido a hacer todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas”.
Los fiscales entregaron al juez seis carpetas, divididas en tres anexos, con elementos de prueba; dos cajas con documentación sobre las adjudicaciones de tramos de las rutas provinciales 3 y 9; cinco expedientes de la Dirección Nacional de Vialidad sobre pagos de obras al Grupo Báez; tres biblioratos; un disco compacto para respaldar una auditoría hecha por ese organismo; y dos informes ampliatorios de la DNV donde “se analizan nuevas obras viales” adjudicadas a ese grupo.
En total, se analizaron 17 casos testigo de cómo se adjudicaban las obras a las empresas de Báez en Santa Cruz.
Báez está detenido en otra causa a cargo del juez federal Sebastián Casanello por supuestas maniobras de lavado de activos.
En tanto López se encuentra detenido desde el 14 de junio pasado, cuando fue sorprendido cuando intentaba ocultar bolsos con casi 9 millones de dólares y relojes lujosos -uno de ellos por un valor de 13 mil dólares- en un monasterio de la localidad bonaerense de General Rodríguez.