“La institución policial cometió una violencia muy grave, una más de las muchas que ocurrieron durante la pandemia. Fueron agentes que asesinaron a Luis Espinoza mientras abusaban de sus funciones y luego escondieron el cadáver a su familia y a la Justicia. Provocaron una conmoción nacional”, dijo el fiscal Pero Camuña al comenzar con su exposición junto a la fiscal auxiliar Lucía Doz Costas en el juicio que se inició contra 9 policías del sur y un vigía comunal.
El Tribunal Oral Federal estaba abarrotado. Con pancartas y camisetas reclamando justicia por la víctima, la familia Espinoza y otros habitantes de Rodeo Grande y Villa Chicligasta asistieron en grupo. Camuña admitió que el informe del médico forense era claro y que llevaba a descartar la imputación inicial por desaparición forzada de la víctima.
No obstante, el fiscal enfatizó: “a pesar de eso, tenemos la estructura de ese delito, sino no se comprende este hecho. No se trató de un homicidio simple, por eso después eliminaron huellas, ocultaron información a la familia y también por eso, sólo así se justificarían las declaraciones de los acusados que relataron que el comisario condujo más de 180 kilómetros con el cuerpo de la víctima en el maletero”.
Los tres hechos sucedieron el 15 de mayo de 2020 cuando el jefe de la comisaría de Monteagudo, Rubén Héctor Montenegro llamó a los efectivos José Alberto Morales, Gerardo Esteban González Rojas, Mirian Rosalba González, Claudio Alfredo Zelaya, Carlos Lisandro Romano, José María Paz, René Eduardo Ardiles, Víctor Manuel Salinas y al vigía comunal Héctor Fabio Villavicencio, para un operativo que habría tenido como objetivo disuadir a quienes se reunían en el paraje El Melcho -supuestamente- por unas carreras cuadreras.
Ese día, según la acusación Zelaya y González Rojas llegaron al lugar en una moto disparando con una escopeta . La gente se dispersó pero los disparos siguieron . En ese contexto, Luis y su hermano Juan Espinoza, quienes iban a caballo, comenzaron a ser agredidos. Juan se cayó de su corcel y fue reducido a golpes. Luis gritaba que dejaran a su hermano cuando un tiro le impactó en la espalda y le causó una muerte inmediata.
Las pericias comprobaron que Morales realizó el disparo mortal, pero también que Zelaya, González Rojas y Mirian González efectuaron tiros con las pistolas reglamentarias, armas letales.
No hubo enfrentamiento
Doz Costas destacó que no se encontró ninguna prueba de que se haya tratado de un enfrentamiento. Las 8 vainas encontradas en el lugar pertenecían a las pistolas de los efectivos, y se presume que los acusados tuvieron al menos 45 minutos para recoger evidencias y borrar rastros. El cuerpo fue encontrado días después en un precipicio de Catamarca.
Tras el crimen, siguiendo órdenes de Montenegro, el vigía Villavicencio junto con los demás imputados se distribuyeron funciones en lo que fue una detención ilegal de Juan Espinoza, que en ese momento no sabía lo que le habían hecho a su hermano.
Ocultaron todo
De esa manera, la Fiscalía pidió perpetua para Montenegro, Zelaya, Morales y González Rojas por el crimen y por privación ilegitima de libertad. Por los mismos delitos, aunque como partícipe secundaria, pidió 14 años de prisión para Mirian González.
Además, acusándolos por privación de libertad con distintos grados de participación y por encubrimiento del crimen; Camuña pidió: 10 años para Salinas, 7 para Romano y para Paz, 6 para Ardiles y 4 para Villavicencio. Se levantó la acusación fiscal contra Álvaro Gonzalo González por falta de pruebas.
Policías salvajes
La querella, integrada por Carlos Garmendia y por Stella Maris Chávez aseveró que “seguimos teniendo a la misma Policía que teníamos en la dictadura”, y criticó el empoderamiento excesivo que se le dio a la Fuerza durante la pandemia: “sólo así se explica el salvajismo con el que actuaron en El Melcho”.
Garmendia sostuvo que: “por expreso pedido de la familia Espinoza, pediremos lo máximo de las penas”.
En ese sentido, solicitó que Mirian González también sea condenada a perpetua como partícipe necesaria. Para Ardiles, Paz, Romano, Salinas y Villavicencio, 21 años de prisión, como partícipes secundarios del crimen. Para Álvaro González pidió 6 años por encubrimiento: “es imposible que no haya sabido para qué le pedía colaboración su primo (González Rojas)”.
“No olvidemos que en el juicio Romano confesó que Montenegro les pidió ir a buscar un arma para intentar plantársela a la víctima”, destacó.
El lunes comenzarán a alegar las defensas.