Se hizo un primer intento fallido, pero la sensación es que en algún momento, el ex gobernador José Jorge Alperovich tendrá que presentarse en calidad de testigo en la salda donde se ventila el juicio por la protesta policial de 2013, que derivó en los saqueos de que asolaron una provincia indefensa.
El miércoles se cerró el testimonio del ex subjefe de Policía Víctor Sánchez, qie al igual que lo había hecho el martes, siguió disparando munición gruesa contra los funcionarios del área de Seguridad.
Midiendo sus palabras para no exagerar el tono acusador, les atribuyó la responsabilidad de lo sucedido por no haber autorizado que se reprima el inicio de la protesta (el domingo 8 de diciembre), la manera en que negociaron con los sediciosos y los errores que cometieron a la hora de tomar algunas decisiones.
Retomó la línea del ex jefe de Policía Jorge Racedo, que fue el primero en declarar en el juicio. El único funcionario de peso que está sentado en el banquillo de los acusados también intentó deslindar responsabilidades apuntando a la línea política. No lo hizo con la dureza y firmeza que Sánchez, que fue mucho más allá de lo esperado.
Sus declaraciones llegaron luego de que el ex ministro de Seguridad Jorge Gassenbauer, el ex subsecretario César Nieva y el ex asesor José Sarmiento declararon que los únicos responsables de las decisiones operativas eran los titulares de la fuerza. Todavía deben responder cuestionarios por escrito el ex secretario de Seguridad Paul Hofer y el ex fiscal de Estado Jorge Posse Ponessa, ya que ambos pueden hacerlo por estar cumpliendo funciones como jueces en distintos fueros.
Sánchez siguió con su picante declaración como testigo en el histórico debate. Luego de un duro interrogatorio, reconoció que la Policía podría haber actuado contra los revoltosos cuando empezaron a congregarse sin autorización de los poderes Ejecutivo y Judicial, puesto que se trataba de un delito en flagrancia. “Se podría haber realizado y detenido a personas que luego serían puestas a disposición de la Justicia. Pero como dijo el ministro Gassenbauer, había que evitarlo para no causar un mal mayor”, resumió.
El ex subjefe también dio otro dato importante. Dijo que los acusados se reunieron en una sede política ubicada en ese lugar, aunque no pudo identificar de quién era. En el expediente aparece mencionada que sería de Stella Maris Córdoba, pero en el debate nadie lo confirmó.
Sánchez insistió que la Policía, como lo hizo el día anterior, no actuó por decisión de los funcionarios del área de seguridad. “La fuerza está subordinada al poder político de la provincia”, recalcó en más de una oportunidad. Pero también dedicó una buena parte de su testimonio a las negociaciones con los policías manifestantes.
“Para decirlo vulgarmente, pretendieron poner la zanahoria delante del conejo. Supuestamente era por una cuestión salarial, pero era porque tres hombres cesanteados exigían ser reintegrados a la fuerza”, afirmó. El ex jefe los identificó: los fallecidos Ángel Chaile y Miguel Ángel Toledo y Diego Herrera, el único de los tres que está sentado en el banquillo de los acusados.
Luego de escuchar las palabras sobre la negociación con los revoltosos, el defensor Pablo Rivera pidió la palabra y solicitó al Tribunal que se cite a declarar como testigo al ex gobernador Alperovich. “En algún momento tendrá que explicar por qué negoció con esas personas a pesar de que no era la conveniente. Además, sabemos que cuando él estaba al frente del PE nada se hacía sin su consentimiento”, aseveró. “Pero también debería responderle a la sociedad tucumana por qué pudo esconder los autos de su concesionaria particular y dejó desprotegida a la comunidad que sufrió los saqueos”, añadió.
Esas frases retumbaron en la sala. Los auxiliares fiscales Rafael Heredia Carreño y Gerardo Arch, siguiendo las instrucciones de Daniel Marranzino, rechazaron el planteo. “Si bien es cierto que existe una línea de responsabilidad política, es muy prematuro asegurar que él tuvo algún tipo de ingerencia. Este no es el momento para citarlo”, explicaron.
Los querellantes José María Molina y Santiago Luis Xamena, que representan al Estado, coincidieron con la parte acusadora, aunque aclararon que eso no impide que en el futuro decidan hacerlo. “Este no es el momento apropiado. Quedan muchos testigos por declarar y pueden aportar más elementos”, fundamentaron.
Los defensores particulares y oficiales apoyaron la iniciativa de su par, pero varios ellos aclararon que no había problema si se lo llamaba a declarar más adelante.
El tribunal, integrado por Gustavo Romagnoli, Luis Morales Lezica y Fabián Fradejas rechazaron el planteo asegurando que todas las partes habían tenido la posibilidad de llamarlo antes y no ahora. Esto no significa que con el correr de las audiencias decidan convocarlo.
Los que siguen paso a paso el juicio afirman que no es una buena estrategia. Puede ser un arma de doble filo, ya que como testigo, está obligado a decir la verdad y con sus palabra puede autoincriminarse, por lo que se podría caer un proceso en su contra, explicó. Una ´posible salida sería que las partes, al analizar las pruebas que surjan en el debate, pidan que se lo investigue para determinar su responsabilidad. También lo puede hacer el tribunal, pero en este caso cuando se anuncie el fallo.