El Colegio de Abogados y la ONG Será Justicia pidieron que se declare inconstitucional una reforma en el sistema de selección que permitió favorecer a los candidatos alineados con el kirchnerismo.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la ONG Será Justicia solicitaron que los fiscales que fueron nombrados tras una reforma promovida por la procuradora general Alejandra Gils Carbó sean removidos de sus cargos. Lo hicieron mediante recursos de amparo que presentaron para pedir que se declare inconstitucional una reforma en el proceso de selección que realizó la titular del Ministerio Público y que, según los denunciantes, permitió favorecer a candidatos alineados con Justicia Legítima y otros sectores identificados con el kirchnerismo.
Fuentes del caso confirmaron que ambas instituciones, entre ayer y hoy, acudieron a la Justicia para denunciar la inconstitucionalidad de las resoluciones 337/12 y 751/13 que modificaron el anterior sistema de selección por sorteo y por antecedentes de los encargados de seleccionar a los postulantes a cubrir las vacantes en las Fiscalías del país. Con ese sistema, la procuradora Gils Carbó intervino en los concursos que, casi en su totalidad, ganaron aspirantes identificados con el kirchnerismo. En las presentaciones, según pudo saber este medio, los denunciantes reclamaron a los jueces que “se disponga el cese de todos los nombrados con este ilegítimo procedimiento”.
En la presentación del Colegio de Abogados, que preside Guillermo Lipera, se cuestiona la eliminación del sorteo que regía para la selección de los miembros de los jurados que iban a evaluar los candidatos para fiscales o para la promoción de fiscales en ejercicio. Antes de la reforma, el tribunal que iba a tomar examen a una candidato a ascender era integrado por sorteo para garantizar objetividad e imparcialidad. Además, el presidente de ese tribunal de selección era un fiscal de prestigio. Esas condiciones fueron dejadas sin efecto y se pasó a elegir “de manera discrecional”, según los demandantes, con la propia Gils Carbó como presidente de ese tribunal.
Según explicaron las fuentes, la modificación aplicada por Gils Carbó “viola el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica”, que tiene estatus constitucional, de que “los magistrados sean imparciales, un principio clave en los derechos humanos, como también lo es el de la progresividad”.
“La progresividad es que, una vez que las leyes se van desarrollando, mejorando y se tutelan derechos, nunca se puede ir para atrás o retroceder. Una vez que se avanzó en un derecho o en la tutela de un derecho, no se puede volver para atrás. Eliminar el sorteo es una norma regresiva, está prohibido y es contrario a la Constitución”, explicaron.
Entre los fiscales que fueron nombrados mediante esos procedimientos cuestionados por el Colegio de Abogados y Será Justicia están Pedro Zoni, Paloma Ochoa, Franco Piccardi y Leonel Gómez Barbella, entre otros.