Ana María Figueroa es una jueza polémica. Hay varios antecedentes sobre sus actuaciones en distintas causas que fundamentan el adjetivo. Y en las últimas semanas se sumó un nuevo dato sobre sus funciones que generó preocupación entre los abogados.
Una nota periodística reveló escandalosos desmanejos con las causas en trámite que esperan una definición en la Sala I de la Cámara de Casación Penal que preside Figueroa. El artículo, publicado por el periodista Carlos Pagni en la edición del 7 de julio del diario La Nación, detalló por ejemplo que la jueza ni siquiera tiene un listado de las causas que están bajo su órbita.
A raíz de la publicación, Guillermo Lipera, en su carácter de presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, pidió que el Consejo de la Magistratura analice si Figueroa incurrió en “graves irregularidades” en el manejo de los expedientes y en el cumplimiento de sus funciones.
Mientras tanto se esperan los resultados de una auditoría que prometió el presidente Mauricio Macri sobre todos los integrantes del fuero que actúan en los casos de corrupción.
No es la primera preocupación que surge en las últimas semanas sobre el manejo de los expedientes en la Justicia federal. Días atrás, la juez María Servini denunció en público que se siente perjudicada por el sistema informático que realiza los sorteos. Dijo, por ejemplo, que su oficina recibe muchas más causas que las de sus colegas de Comodoro Py.
Rosarina, Figueroa fue nombrada jueza por Cristina Kirchner luego de un paso por la Secretaría de Derechos Humanos como asesora. Llegó a la máxima instancia penal del país sin antecedentes en otros tribunales inferiores, pero con un palmarés académico envidiable. Sin embargo, en pocos años acumuló varias actuaciones polémicas.
Catalogada como “jueza K”, la reconocen en Comodoro Py por su afinidad con Carlos Zannini, el ex secretario de Legal y Técnica de Cristina Kirchner. Quizás esa aceitada relación fue la que la ayudó a convencerse el año pasado para votar a favor del apartamiento de Claudio Bonadio de la causa Hotesur, donde se investigan los negocios hoteleros de la familia de la ex Presidente.
Su nombre llegó a la tapa de los diarios cuando participó de una extraña maniobra que terminó con el apartamiento de Luis María Cabral de la Sala I en momentos que la Cámara debía expedirse sobre la inconstitucionalidad del Pacto con Irán. El memorándum finalmente perdió eficacia jurídica con la asunción de Cambiemos en el gobierno nacional.
Entre sus antecedentes, tiene un escrito insólito. Luego de ser transferida de la Sala II a la Sala I, envió al presidente de la Cámara un listado de 13 expedientes vinculados con el caso AMIA en los cuales le interesaba continuar interviniendo. Le contestaron con el Código Procesal: los jueces sólo pueden retener un caso cuando ya se fijó la fecha de audiencia.
Los desaguisados no son solo jurídicos. Recientemente se registró una llamativa curiosidad que está vinculada con un cheque por $530.000 que llegó desde el Consejo de la Magistratura. Se lo había enviado la anterior presidente, Gabriela Vázquez, para pagar muebles nuevos en la Sala I. Pero como la obra se hizo sin licitación ahora la arquitecta no quiere recibir el dinero. El “malentendido” podría derivar en una causa en su contra.
Por su escritorio volverán a pasar las apelaciones de Hotesur antes de que el caso sea elevado a juicio oral y la causa del dólar futuro que tiene a Cristina Kirchner procesada y embargada.
Fuente: Infobae