La Oficina Anticorrupción lo hizo, tras el pedido del juez Rafecas a las partes, para que se expidan sobre el juicio por el delito de enriquecimiento Ilícito al ex jefe del Ejército de Cristina.
César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, argentino, hijo de César y de Olga Pérez de Milani, ingresó al Ejercito Argentino a la edad de 19 años.
Al ser esa su única actividad generadora de ingresos, los investigadores pusieron atención en el patrimonio del militar, quien hoy está detenido pero por violaciones a los derechos humanos.
César Milani, como su amigo Eduardo Enrique “Nabo” Barreiro, han sido investigados por el juez Daniel Rafecas, quien los procesó por enriquecimiento ilícito, medida que fue confirmada en abril último por la Cámara Federal.
Al jefe del Ejército de Cristina se le imputa haber incrementado “ilícita e injustificadamente, de manera apreciable, su patrimonio en al menos cuatrocientos ochenta mil dólares estadounidenses (U$$ 480. 000) en el período que ejerció la función pública en el Ejército Argentino”.
Mayo de 2015: el entonces jefe del Ejército, César Milani Foto EFE
Y la pesquisa judicial cree que Milani se valió de otro militar, su amigo Eduardo Barreiro, como “persona interpuesta” para justificar un préstamo de u$s 200.000 que realmente no existió.
En la justificación de la OA aparecen los siguientes puntos:
– “El Sr.Milani no puede justificar la compra del inmueble sito en calle O’Higgins n ° 3636, entre la calle Blanco Encalada y el Acceso Norte, de la localidad y partido de San Isidro”.
– “La propiedad referida importa un incremento desmedido y apreciable del patrimonio de César Milani, que no encuentra respaldo ni justificación”.
– “El incremento desmesurado del patrimonio del procesado Cesar Milani no encuentra justificativo, ni proporción alguna con los ingresos por él denunciados, ni en las conclusiones obtenidas mediante la prueba pericial e informativa señalada”.
– “Sumado a lo expuesto, de los informes solicitados a la AFIP entre los años 2008-2013 respecto de Eduardo Barreiro, no sólo se verificó que el nombrado no tenía declarado como parte de su patrimonio los U$ 200.000, sino que además, partiendo del análisis de sus antecedentes de ingresos y bienes. No se ha brindado explicación alguna acerca del origen de dichos fondos”.
Resume que “resultan por demás elocuentes las conclusiones de los estudios periciales practicados en autos para determinar la responsabilidad criminal adjudicada tanto a Cesar Milani, a título de autor, en los hechos descriptos “ut supra”, como a su consorte de causa Eduardo E. Barreiro, aunque en calidad de partícipe necesario”.
Y concluye: “A manera de corolario creemos que no puede soslayarse que Cesar Milani no fue un funcionario más de una administración sino que, por el contrario, ocupó cargos de altísima responsabilidad, durante un largo tiempo y con crecido protagonismo; derivándose de ello la exigencia de una mayor responsabilidad, transparencia, probidad, desinterés, capacidad, competencia, disciplina, reserva, imparcialidad y fidelidad que la demostrada a la hora de justificar su desproporcionado incremento patrimonial en las presentes actuaciones”.
En abril último, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de César Milani por el delito de “enriquecimiento ilícito”.
La decisión de la Justicia es a raíz de que el jefe del Ejército de Cristina Kirchner no pudo justificar sus gastos y la compra de una costosa casa en el barrio La Horqueta de San Isidro, al norte del conurbano bonaerense, según el fallo de la sala II .
El militar fue procesado en diciembre del año pasado por un fallo del juez Daniel Rafecas, quien además le trabó un embargo preventivo de 5 millones de pesos y además procesó como partícipe necesario de la maniobra, al Capitán retirado Eduardo Enrique Barreiro, a quien embargó por 2 millones de pesos.
Ahora, resta la decisión del magistrado federal de si eleva o no a juicio oral esta investigación.
Milani está preso en el penal de Ezeiza, procesado por los secuestros ilegales de tres víctimas de la dictadura en La Rioja pero además está procesado, sin prisión preventiva, por encubrimiento y falsificación de documento público en la causa de Ledo.