Un empleado de una empresa azucarera está siendo investigado por haber estafado a la compañía emitiendo remitos electrónicos que justificaban la entrega de mercadería a dos empresas acreedoras, pero luego de que el cargamento salía de lo depósitos anulaba los documentos autorizados por AFIP y enviaba la mercadería a otros destinos, generando un millonario perjuicio económico a la empresa en la que trabajaba.
Julio Ernesto Hashiguchi trabajó durante más de ocho años en el área de logística comercial de una compañía inversora, con base en Banda del Río Salí, que se dedicaba a distribuir mercadería a otras empresas. La compañía se maneja a través de un sistema de saldo a favor, por lo que cada empresa acreedora tiene un stock determinado y a medida que realiza un encargo el mismo disminuye.
Según informó la auxiliar de fiscal Andrea Carlino, Hashiguchi habría creado y anulado indebidamente remitos electrónicos en la web de AFIP en 15 oportunidades, entre el 7 de marzo y el 18 de junio de 2024. Debido al largo tiempo que llevaba trabajando en la compañía, el imputado sabiendo que dos empresas acreedoras tenían un gran margen de saldo y no requerían la mercadería ocasionó el desplazamiento de 11.900 bolsas de azúcar de 50 kilogramos cada una, ocasionándole un daño económico de aproximadamente $200 millones a la compañía donde trabajaba.
En base a los remitos presentados por la empresa azucarera en su denuncia a la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I que dirige María del Carmen Reuter, Hashiguchi habría realizado 12 pedidos a nombre de una de las empresas acreedoras entre el 7 de marzo y el 6 de mayo. 11 de los remitos eran por 800 bolsas de azúcar cada uno y otro por 700. A la segunda empresa afectada le refirió tres remitos por 800 bolsas cada uno entre el 31 de mayo y el 18 de junio.
El director de la compañía donde trabajaba el imputado explicó que los empleados podían confeccionar y anular un remito electrónico con su CUIL y clave fiscal; sin embargo Hashiguchi no contaba con la autorización correspondiente para realizar dicha operación.
Una vez que los remitos generados fueron aprobados por AFIP, “los choferes cargaron la mercadería pero no la trasladaron a los correspondientes destinatarios de los remitos, sino a otros depósitos a determinar, entre los que se encontraba una fraccionadora ubicada en calle San Miguel 50 en Banda del Río Salí”, expuso Carlino. Luego de que los camiones se iban con la mercadería -el mismo día que se había generado el remito-, Hashiguchi inmediatamente ingresaba a la web de AFIP y anulaba el documento eligiendo la opción “anulación sin pérdida de mercadería”, por lo que la compañía no notaba la pérdida de los productos pero la empresa acreedora si perdía su saldo a favor.
Los movimientos salieron a la luz luego de que una de las empresas realizara un pedido y en el sistema figurara que ya no contaban con saldo a favor. A partir de esto se realizó una investigación interna en la compañía industrial, compararon su base de datos con las de ambas empresas acreedoras y descubrieron que ninguna de las dos habían recibido la mercadería consignada.
Mientras investigaban qué había pasado, Hashiguchi envió un mensaje por WhatsApp al encargado de Recursos Humanos de la compañía informando su renuncia. Días después presentó un telegrama oficializando su partida.
Según la denuncia, al consultar en el sistema de AFIP sobre los movimientos realizados entre marzo y junio, descubrieron que Hashiguchi era el emisor de los remitos que involucraban a las dos empresas afectadas. Una vez que sus empleadores reunieron la información necesaria fueron a la Justicia a denunciar lo que sucedía.
El Ministerio Público Fiscal entrevistó a los choferes que realizaron las entregas de la mercadería, quienes informaron que ellos suelen comunicarse con la secretaria de la compañía pero que en estas oportunidades era Hashiguchi quien les enviaba por WhatsApp el turno correspondiente para que retiraran el cargamento. “Cuando el chofer llegaba al depósito el imputado le entregaba el remito con la autorización y la dirección hacia donde tenía que hacer el traslado. Una vez que llegaban al destino la persona que recibía la mercadería era quien le pagaba”, sostuvo la representante del MPF.
A su vez, el pasado 5 de julio la División de Delitos Telemáticos practicó dos allanamientos, uno en la vivienda del imputado y otro en la fraccionadora de Banda del Río Salí, donde secuestraron seis dispositivos móviles y cinco computadoras, que deberán ser peritadas. Según adelantó Carlino, no descartan la posibilidad de que a raíz de los análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados surjan nuevos coautores que hayan colaborado con Hashiguchi para cometer los delitos.
En una audiencia realizada ayer, la auxiliar de fiscal formalizó la investigación en contra de Julio Ernesto Hashiguchi y lo acusó de ser el presunto autor del delito de estafa. La auxiliar fiscal, apoyada por el abogado querellante de la compañía, Emilio Mrad, solicitó que el imputado fuera sometido a medidas de coerción de menor intensidad, entre las cuales consta la promesa por parte del acusado de someterse al proceso mientras continúa en libertad y presentarse una vez por semana a la comisaría más cercana de su domicilio a firmar un comparendo por los próximos seis meses, mientras continúa la investigación. Finalmente la jueza Isabel Méndez resolvió hacer lugar al pedido de la Fiscalía.
fuente: lagaceta