El Ministerio Público Fiscal imputó a dos de los hombres que asaltaron a una mujer embarazada el pasado sábado durante el temporal que se desató en la provincia. Ambos estarán con prisión preventiva por dos meses mientras continúan la investigación e intentan identificar al resto de los delincuentes. Según se informó, alrededor de 15 personas habrían participado en el violento ataque.
El caso es investigado por la Fiscalía de Robos y Hurtos III que dirige Carlos Picón. En una audiencia realizada ayer, el auxiliar de fiscal Pablo D’Andrea acusó a Miguel Gustavo Bulacio y Alexis Emir Rodríguez de ser coautores del delito de robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda.
Les arrojaron piedras
Según la teoría del caso del MPF, el 8 de marzo, alrededor de las 13, Florencia Caballero (33) circulaba en su camioneta AW Amarok por la avenida Siria. Al llegar a la intersección con la calle Bolivia, los acusados junto con otras personas, previo acuerdo de voluntades y tareas, abordaron a la conductora, comenzaron a arrojarle piedras y la obligaron a que frenara su vehículo.
Posteriormente, aprovechando su superioridad numérica y empleando un arma de fuego que era portada por un sujeto, mediante amenazas y agresiones físicas a la víctima, rompieron los vidrios del rodado, abrieron la puerta de la camioneta y le sustrajeron una mochila que contenía $ 15.000, tarjetas de crédito y débito y documentos de identidad, para luego darse a la fuga con los elementos sustraídos.
La calle estaba inundada
Caballero, si bien no estuvo presente en la audiencia de formalización de cargos, días atrás le relató el episodio. “Ya había pasado el temporal fuerte, pero las calles estaban inundadas. Como estoy embarazada de cinco meses y me había empapado, me dolía la garganta y decidí volver a casa para cambiarme. Eran entre 10 y 15 personas. Se acercaron a la camioneta y me preguntaron si quería ayuda para cruzar. Les dije que no, y en ese momento sacaron una pistola: ‘Bajá el vidrio, bajate, te voy a quemar’, me decían”.
La mujer tuvo que ser asistida en el hospital Avellaneda debido a que presentaba cefalea, dolor corporal y vómitos postraumáticos. Allí los médicos controlaron a Caballero y a su bebé y constataron que ambos estaban fuera de peligro.
Allanamiento y detenciones
Los pesquisas comenzaron a desarrollar las tareas investigativas y el 12 de marzo solicitaron órdenes de allanamiento y detención contra Bulacio y Rodríguez, medidas que se concretaron tras la autorización de la jueza Elizabeth Raddi.
Los querellantes Florencia Abdala y Camilo Atim, apoyaron la acusación de la Fiscalía y aportaron nuevos datos a la causa. “Tenemos las fotos de la camioneta efectivamente destruida y videos de en donde la víctima ha podido filmar las piedras que había dentro de su vehículo”, dijeron.
Abdala informó que los testigos entrevistados -que prefirieron resguardar su identidad por temor a sufrir represalias-, contaron que se trata de un grupo que aprovechan cada vez que hay inundaciones para atacar.
“Un vecino de nombre Joel identificó como los autores de este robo a Bulacio y a Rodríguez y dijo que siempre operan de la misma manera. Que se ubican en calle Bolivia y Siria o en calle Perú y Siria, ya que son lugares donde se inundan, y ellos proceden siempre con este mismo modus operandi”, agregó.
Con prontuario amplio
También dijo que existe un legajo donde ambos imputados están mencionados en un robo de similares características, ocurrido en las mismas calles el 24 de enero durante una inundación.
Tanto Bulacio como Rodríguez negaron haber participado en el hecho y pidieron que se analizaran las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los verdaderos autores.
El MPF solicitó que ambos fueran sometidos a cuatro meses de prisión preventiva para resguardar la investigación. La defensora oficial Delfina Romano (por Bulacio) dijo que el plazo le parecía excesivo y pidió que fuera por 32 días. La abogada Anabella Maza Villalba (Rodríguez), se opuso a la preventiva y propuso que su pupilo cumpla la medida de arresto domiciliario por 32 días.
Después de un extenso debate entre las partes, la jueza Valeria Mibelli resolvió hacer parcialmente lugar al requerimiento del MPF y dispuso la preventiva por dos meses.