Lo presentó el Partido Demócrata Cristiano porteño. Piden que se declare inconstitucional e ilegal la resolución del ministro González García.
Sólo horas después de que el protocolo para los abortos no punibles se publicara en el Boletín Oficial, un recurso de amparo presentado por grupos celestes pidió que se frene su aplicación.
El viernes a la mañana, el Partido Demócrata Cristiano porteño presentó un amparo con medida cautelar contra la resolución 1/2019 que lleva la firma del ministro de Salud Gines González García, que dispuso la entrada en vigencia de esta resolución que actualiza el protocolo de atención para la interrupción legal del embarazo (ILE) en los casos contemplados por el artículo 86 del Código Penal. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N° 3 del Dr. Santiago Carrillo.
En una extensa presentación de 28 páginas, la presidenta del Partido Demócrata Cristiano porteño, María Alejandra Muchart; el secretario, Carlos Traboulsi; el ex postulante al cargo de Defensor del Niño, Ernesto Lamuedra, y el abogado Pedro Andereggen solicitan que se haga lugar “a la medida cautelar de no innovar” y que se ordene “la inmediata suspensión de la Resolución 1/2019”, de la que solicitan también que se la deje “sin efecto de inmediato por inconstitucional e ilegal”.
Según Traboulsi, “una cosa es el artículo 86 del Código que habla de la no ‘punibilidad’ para quienes realizan un aborto por violación o riesgo de vida a la mujer y otra el protocolo, que establece las técnicas para abortar por la simple decisión de las mujeres desde los 13 años en adelante y en cualquier momento del tiempo gestacional”. El dirigente de la Democracia Cristiana aseguró que “esto es un infanticidio” y que “podría ser considerado aborto legal”.
Este fue el principal argumento que sostuvo también la Iglesia Católica para cuestionar el protocolo anunciado el jueves por Ginés González García. “Se instala el aborto libre en la Argentina”, afirmó este viernes el obispo Alberto Bochatey, presidente de la comisión de la Pastoral de Salud del Episcopado. El ministro defendió la resolución, a la que calificó como “una guía para que se cumpla con los derechos de todas las personas de igual manera y en todo el país”, y en declaraciones periodísticas afirmó que “los ‘antiderechos’ usan cualquier tipo de argumento para que no se cumpla la ley”.
El pedido presentado a la Justicia crítica duramente la resolución ministerial y asegura que “tergiversa el causal ‘salud’ que establece el Código Penal, obliga a ofrecer el aborto a toda embarazada y promueve el aborto a simple demanda y hasta el final del embarazo”. También señala que “coarta la libertad de los médicos, limita la objeción de conciencia, retacea información para el consentimiento e incumple la Ley de Derechos del Paciente”. Apunta además a que “promueve el aborto a través de medicamentos no autorizados en Argentina” y remarca que “invisibiliza a la persona por nacer y violenta el derecho a la vida”.
“Se establece el pensamiento único obligando a las instituciones médicas a llevar adelante los abortos y obligando quizás a cerrar las instituciones porque contrarían sus objetos sociales o fundacionales. Entramos en un período de autoritarismo militante que atenta contra los cimientos mismos de la democracia”, aseguró Traboulsi.
Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, aseguró que no le extraña la promoción de la cautelar de la Democracia Cristiana. “Todas las medidas de Gobierno pueden ser revisables judicialmente. Dicho esto, creo que no tienen argumentos ni jurídicos ni de salud pública para cuestionar su legalidad ni su legitimidad. Espero que la Justicia no haga lugar a la medida y que la rechace lo más rápidamente posible, porque de lo que se trata es de brindar certidumbre jurídica y certezas a los equipos de salud, y estas iniciativas que tratan de generar confusión y oscurecer las políticas públicas son problemáticas para la sociedad”, analizó.
Gherardi recordó el caso del protocolo para la atención de los abortos no punibles aprobado en Córdoba en 2013, que fue frenado entonces por la demanda de la agrupación católica Hogares de Belén. Recién en el último septiembre, después de seis años de idas y vueltas judiciales, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia garantizó la aplicación de la guía. Según la directora de ELA, por “la falta de compromiso político del estado provincial” el protocolo cordobés “quedó en el limbo por muchos años” y espera que en este caso la resolución sea distinta. “Creo que hay un compromiso político firme, explícito y veloz, y creo que eso va a ser importante para que la Justicia haga una veloz y buena evaluación” de los argumentos “sólidos y contundentes” con los que espera que el Estado nacional responda a esta demanda cuando se notifique, para “sostener esa legalidad”.