El Ministerio Fiscal le imputó el delito de hurto agravado por ser cometido por un miembro integrante de una fuerza de seguridad.
Por solicitud de la Unidad Fiscal de Delitos Flagrantes IV, a cargo de Susana Cordisco, este sábado se llevó a cabo una audiencia para legalizar la aprehensión de la empleada policial, formalizar la investigación, formular cargos en su contra y pedir medidas de coerción. La joven, de 24 años, está acusada de sustraerle el teléfono celular a una adolescente que estaba en la plaza Urquiza junto a otro menor, el pasado jueves cerca de las 11 de la mañana.
El auxiliar de fiscal Ricardo Ybañez narró detalladamente cómo fue el hecho (ver aparte) y presentó las evidencias reunidas en lo transcurrido de la investigación, entre ellas el testimonio de una testigo presencial. La mujer aseguró que la uniformada “los trató como delincuentes” a los dos menores y que, producto del temor, “la chica quedó con los labios blancos, no se acordaba ni el nombre de sus padres”.
A continuación, y siguiente las instrucciones de la fiscal, el representante del MPF indicó que la calificación legal provisoria es la de presunta coautora del delito de hurto agravado por ser cometido por un miembro integrante de una fuerza de seguridad. Por su parte, la imputada se abstuvo de declarar.
Algo pocas veces visto
“Estamos ante una situación de una gravedad y complejidad que pocas veces hemos visto”, manifestó Ybañez. “Fue un hecho cometido a plena luz del día, en un espacio público de alta concurrencia, donde hubo una selectividad de una víctima doblemente vulnerable por ser niña y mujer. Decimos selectividad porque la imputada hacía una hora y media que ya estaba circulando por la plaza, conforme a lo aportado por testigos”, precisó el investigador.
A su vez, añadió: “Que haya sido a plena luz del día y en un espacio público, habla de un alto sentimiento de impunidad para obrar y dirigir su conducta. Además, hubo un prevalimiento de su condición de funcionaria policial para perseguir sus fines: vestía uniforme reglamentario, se identificó en base a mentiras (dijo otro nombre y apellido) y procedió a una requisa ilegal”.
Como medida para cautelar el proceso, la Fiscalía pidió el arresto domiciliario con pulsera electrónica de vigilancia por el plazo de 20 días, así como también la imposición de una fianza personal por el monto de $200.000. Al comunicar su resolución, la jueza interviniente avaló todo lo requerido por el Ministerio Fiscal.
El hecho
El 18 de agosto del 2022, a las 11:00 horas aproximadamente, la imputada, agente de la Policía de Tucumán, quien vestía un uniforme urbano perteneciente a esa fuerza, sin portar su chapa identificatoria ni su porta nombre a la vista, se acercó a una pareja de adolescentes que estaba sentada en la plaza Urquiza, cerca de la rampa ubicada a la altura de calles 25 de Mayo.
Luego, simulando estar llevando a cabo un control policial, les gritó “¡¿adónde tienen los fasos?!”, tras lo cual requisó el cuerpo y las pertenencias de la menor, tomó su mochila y del interior sustrajo un celular. De inmediato, la imputada le entregó el teléfono a un sujeto no identificado que se había acercado, quien huyó del lugar a bordo de un auto. Una testigo presencial increpó a la acusada, lo que motivó la intervención de efectivos policiales que cumplían servicio en la plaza, quienes la aprehendieron y la trasladaron a la Dirección de Distrito Urbano Capital.