El ex gobernador está presente en la audiencia y prestó declaración tras la lectura al requerimiento de elevación a juicio por parte de la querella y la fiscalía. Se esperan unos 80 testigos.
Este lunes comenzó finalmente el juicio oral contra el ex gobernador de Tucumán José Alperovich, acusado de abuso sexual y violación contra una ex secretaria. En total, se lo acusa de nueve hechos: dos habrían ocurrido en un departamento de Puerto Madero, y el resto en la provincia de Tucumán.
En la audiencia de este lunes, se dio lectura al requerimiento de elevación a juicio, pero no habrá testigos. Alperovich está presente en el edificio ubicado en Paraguay al 1500, donde se lleva a cabo la audiencia. El exfuncionario llegó acompañado de sus cuatro hijos, entre ellos su hija, la ex legisladora Sarita Alperovich.
A las 11:35 de este lunes, el juez Juan Ramos Padilla declaró abierto el debate e invitó a Alperovich a declarar en indagatoria. El exmandatario provincial se sentó frente al tribunal y aseguró: “Sí, señor juez, pero mis abogados me piden que posterguen la declaración para el final”.
“Le pido autorización a usted. Sé que todos dirán lo mismo, pero yo quiero decirle, señor juez, que tengo 68 años, 11 nietos, 4 hijos, y quiero la verdad porque esto me mató. Con todo el respeto que le tengo al Poder Judicial, quiero la verdad y le pido que preste atención, señor juez, si puede, o el señor fiscal, a todas las pruebas”, declaró Alperovich.
Tras dar sus datos personales, Alperovich se describió como empresario. Asimismo, la fiscalía pidió detalles de sus actividades: dijo que tenía “una concesionaria de autos, una empresa agrícola y una inmobiliaria”. A pedido de la fiscalía sobre su nivel de ingresos, dijo que retira “5 millones de pesos por mes de esos emprendimientos”.
Tras la palabra de Alperovich, se realizó la lectura de las declaraciones que hizo en instrucción antes de que la causa se elevara a juicio. En sus indagatorias, dijo: “No abusé de FL”. Desmintió un vínculo familiar con la víctima y describió la relación laboral, en donde la joven se encargaba de manejar agenda y dinero. “Señor juez, claramente no había sumisión. Había un empoderamiento”, aseguró, y agregó: “Es falso que yo buscara deliberadamente estar a solas con ella, para supuestamente atacarla”.
“Me encantaría que FL no haya borrado los mensajes” que ella me mandaba. “Al igual que ella, yo también quiero la verdad. De los 15 meses que trabajo conmigo, jamás le pague nada. Si ella tenía un trabajo de por vida (en el ministerio de gobierno de Tucumán), por qué no regresó a su trabajo en el ministerio, si había sido violada y abusada. Había mucha gente que estaba conmigo”. Según detalló, el ex gobernador de Tucumán, Juan Manzur, cuando se volvió un adversario, ordenó que los empleados volvieran a trabajar y él les ordenó a todos sus colaboradores regresar porque eran planta permanente. “Todos volvieron a su cargo menos FL. Si yo la sometía y humillaba, por qué no volvió a su trabajo”, expresó Alperovich.
Y continuó: “Señor juez, FL no tenía personalidad sumisa. Tenía una fuerte personalidad, Para manejar lo que manejaba, lo necesita porque sino dura nada en ese cargo. Usted le pidió que presente el teléfono y no lo entrego. FL reseteó dos veces el teléfono. Sería hermoso que usted entre a la nube y logre recuperar los mensajes. Si fue abusada, por qué borró el teléfono”.
“La perito psicóloga no analizo los chats. Eso es relevante porque ahí se ve revelada su verdadera personalidad”, aseguró, y según dijo, ella misma le pidió trabajar con él en el Senado. “Si ha sido abusada en el departamento de Puerto Madero, por qué a los 10 días quiso volver a donde fue abusada”, añadió el ex mandatario provincial.
También reveló; “Ella siempre quería ir conmigo. Mi chofer siempre estaba conmigo. Mi hija embarazada de 7 meses le pide a FL el lugar para estar al lado del padre y FL no lo dejó. Quería ir en el auto”.
Por su parte, Alperovich preguntó: “¿Yo voy a abusar a los 67 años? No señor juez. Es una causa falsa, yo no abuse de FL. Después de renunciar, ella se dedica a fabricar pruebas. Señor juez, hay una prueba que también le quiero contar. Ella había hablado con un publicista y les contó del abuso sexual. Pero el testigo dijo que en ningún momento le dijo eso y que recién lo llamó tiempo después. Una persona que ha sido violada va a ir a buscar plata. Esta causa fue armada”.
Sobre la causa
Comenzó en 2019, cuando la joven, que trabajaba como su asistente personal, lo denunció por tres hechos de abuso sexual -dos de ellos cometidos en tentativa- y seis sucesos de violencia sexual agravada por haber sido con acceso carnal.
En el inicio, la causa se tramitó en dos jurisdicciones distintas: en el fuero criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires y en la justicia tucumana. Pero tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se resolvió que todos los hechos debían investigarse en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°35 de la Ciudad de Buenos Aires.
La denunciante era amiga de una de las hijas del ex gobernador y trabajaba en el círculo más cercano al político tucumano. Además, es hija de un primo segundo de Alperovich. “Los métodos para obtener el control de la víctima consisten en infligir el trauma psicológico de forma sistemática y repetitiva. Son técnicas organizadas de debilitamiento y desconexión. Estos métodos están pensados para causar terror e indefensión y destruir el sentido del yo de la víctima en relación con los demás. El efecto de esta técnica es convencer a la víctima de que el abusador es omnipotente, que resistirse es inútil y que su vida depende de que se gane indulgencia a través de la sumisión absoluta”, precisaron los fiscales Mariela Labozzetta y Santiago Vismara al momento de pedir la elevación a juicio.
Para los fiscales, era clave la asimetría que había entre Alperovich y la denunciante: la relación familiar que tenían; la diferencia de edad; la situación de dependencia laboral; el posicionamiento político y social del acusado, ya que Alperovich es “un reconocido político, con enorme influencia a nivel provincial y nacional, que gobernó durante años la provincia de Tucumán”.
Los dos primeros hechos habrían ocurrido en diciembre de 2017, en Zencity, un complejo de cuatro edificios ubicado en el Dique 1 de Puerto Madero. La joven había empezado a trabajar con el ex gobernador de Tucumán apenas unos días antes.
Según la denuncia, luego de cenar, Alperovich comenzó a manosearla y a besarla. La joven logró soltarse y se encerró en un dormitorio. Al día siguiente, el entonces senador actuó como si no hubiera pasado nada y hasta la mandó a comprarse un vestido a un shopping.
Apenas doce días después, el 27 de diciembre, la escena se habría repetido en el mismo lugar.
A partir de ese momento, los hechos se trasladaron a la provincia de Tucumán, en una casa alquilada y en los autos que utilizaba Alperovich para sus traslados de campaña.
Al momento de procesarlo, el juez Osvaldo Rappa tuvo en cuenta decenas de chats de WhatsApp incorporados a la causa entre la denunciante y sus compañeros de trabajo. Pero también las conversaciones con Alperovich. “Mi vida podrías ser un poquito más cariñosa, por ejemplo buen día, como amaneciste, aunque no lo sientas”, “sos mi dueña”, “te amo mucho”, y “te voy a proteger siempre”, son algunos de los mensajes que figuran en el expediente.
Alperovich nunca fue expulsado de la Cámara de Senadores y recién fue indagado en 2022, cuando ya había terminado su mandato. “Declaré durante más de una hora y media, y realicé un extenso descargo de mi defensa, analizando todas las pruebas presentadas en la causa y demostrando que se trata de una falsa denuncia con fines de excluirme de la escena política”, dijo ese día a través de las redes sociales.
Los abogados de Alperovich reclamaron durante más de un año que sea juzgado por un jurado popular. Pero el planteo fue rechazado por el juez de primera instancia, por la Cámara del Crimen, y luego por el juez del Tribunal Oral Criminal 29, Juan Ramos Padilla. Ese magistrado sostuvo que los juicios por jurados no están previstos para la justicia nacional -si bien lo establece la Constitución Nacional, el Congreso nunca sancionó la ley que lo regule- y que el delito por el que está acusado no fue transferido a la ciudad de Buenos Aires, donde su justicia sí tiene jurados de ciudadanos.