El juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita libraron órdenes de presentación en la Casa Rosada, la Cancillería y la Procuración del Tesoro.
El fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo están demostrando que la denuncia que presentó Alberto Nisman antes de morir, acusando al Gobierno K de haber liderado una “plan criminal” para garantizarle impunidad a los iraníes acusados de ser los posibles autores del ataque terrorista contra la sede AMIA, tenía sustento para ser investigada. ¿Un fiscal de la experiencia de Nisman podría presentar una denuncia mal confeccionada, al punto de que un juez federal como Daniel Rafecas rechazara dos veces avanzar sobre ella porque consideraba que no había delito alguno por dilucidar? La Cámara de Casación en lo Penal Federal dictaminó lo contrario.
El fiscal del caso ahora es Pollicita; el juez, Lijo. Según pudo saber Clarín en base a fuentes del Poder Judicial, estos nuevos investigadores del “caso Irán” ya recolectaron una importante serie de documentos oficiales relacionados a la negociación por el “Memorando” con el país que alguna vez fue Persia. Hoy se le dará un nuevo impulso al caso.
El 8 de mayo, el fiscal Pollicita le pidió al juez Lijo realizar una nueva serie de medidas de pruebas. Y el magistrado decidió impulsar esas acciones, que podrían tener resultados de alto impacto político. Le solicitó al organismo judicial correspondiente recuperar todas las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos de todos los imputados en la causa.
Entre esas comunicaciones, se incluyen las de expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Las otras medidas tienen que ver con la recolección en la Casa Rosada, la Cancillería, y la Procuración General del Tesoro, de todas las computadoras u otros soportes que podrían haber contenido correos electrónicos o mensajerías de los protagonistas centrales, o secundarios, de esta historia. Y una medida más, entre otras: la Justicia también solicitó que se levante el secreto fiscal sobre un misterioso y posible espía imputado por Nisman en la denuncia que Cristina Fernández alguna vez describió así: “Es la más grave que tendré en toda mi vida”.
Los operadores de la Justicia del kirchnerismo presionaron de tal modo en juzgados, en la Cámara Federal y en la de Casación para que no se pueda siquiera empezar a indagar nada en el “caso Irán” que esa actitud, como era esperable, generó una instancia de sospecha sobre los imputados, y no de ganas de ser declarados inocentes porque realmente lo son. El tiempo dirá.
Las pruebas que la Justicia recolectó hasta este momento en este expediente ─hay otro instruido por Claudio Bonadio que se abocó a variables similares a las denunciadas por Nisman─ llevan hacia caminos que ratifican las sospechas sobre lo denunciado por el fiscal que apareció muerto cuatro días después de presentar su denuncia en los tribunales, es decir, el 18 de enero del 2015.
Pollicita y Lijo van ahora por información calificada de los más poderosos funcionarios de la anterior gestión. Tras el pedido de Pollicita al respecto, Lijo comandará hoy varias “órdenes de presentación”. Los organismos en los que se buscarán los servidores y computadoras que pudieran guardar correos electrónicos, o mensajería relativa al “Pacto con Irán” se encuentra son la propia Casa Rosada, lugar de trabajo de la principal imputada en el caso, Cristina. Pero también el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, liderado en la era K por Héctor Timerman. Y la Procuración General del Tesoro, cuya titular fue María Angelina Abbona.
Sin dudas, la información más sensible resultará del pedido que Pollicita y Lijo le hicieron a la Corte Suprema respecto a los llamados entrantes y salientes de los imputados en el “caso Irán”.
Esto incluye las comunicaciones que hicieron y atendieron desde teléfonos asignados por el Gobierno, o personales la ex presidenta Cristina Kirchner; su ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI); el ex poderoso secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini; el ex canciller Héctor Timerman; el ex dirigente social Luis D’Elía; uno de los referentes de la comunidad iraní en el país, Jorge “Yussuf” Khalil; el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; y el líder de la agrupación Quebracho, Fernando Esteche.
Yussuf Khalil, detrás de su amigo DElía. (Foto archivo)
Son solo algunos de los nombres de los imputados por Nisman, más agregados al expediente por Pollicita y Lijo, que la Justicia considera que trabajaron por el “Memorando con Irán”, algo que el fiscal fallecido consideraba solo un instrumento falso que escondía otras razones para que Buenos Aires y Teherán realizarán ese pacto: negocios agroindustriales a cambio de impunidad en el caso AMIA.
Esos cruces de llamadas incluyen, a todos los imputados del caso. Son más que los mencionados. Lijo también enviará hoy a la Casa Rosada “órdenes de presentación” para conseguir los servidores, u otros soportes, en los que podrían albergarse aun mails u otro tipo de mensajes vinculados a las negociaciones con Irán por el Memorando.
Los personajes, en ese caso, de los que se intentará encontrar ese material fueron los más poderosos del país en los doce años K.
En la Casa Rosada, la Justicia apunta a encontrar si hay mails, u otro tipo de comunicaciones pertenecientes a computadoras que hayan sido las usadas para transmitir o recibir información de Cristina Fernández; Zannini; y Parrilli.
El material al respecto que se intentará encontrar en Gobierno corresponde, según determinó la Justicia, a lo ocurrido sobre este tema durante del período que fue desde el 1 de enero de 2011 al 9 de diciembre de 2015.
Cristina le convida nueces a Zannini ante Timerman durante una reunión de alto nivel del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (Foto archivo – EFE/JUSTIN LANE)
En la Cancillería pasará lo mismo con las máquinas que podrían haber utilizado para trabajar en el caso, entre otros la ex Consejera Legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerruti.
Y también se buscará lo mismo sobre el ex Canciller, Héctor Timermán, y demás diplomáticos, como Eduardo Zuain, Carlos Alejandro Poffo, Luciano Tanto Clement.
Los investigadores acotaron el rango de rastreo de ese material al tiempo que transcurrió entre el 1 de enero del 2011 y el 31 de diciembre del 2015.
En la Procuración del Tesoro, cuya titular fue Abbona, los correos electrónicos o servidores que se pedirán son los que podrían tener información sobre esta ex funcionaria, Magdalena Gasparini y Gabriel Bottini.
Por razones que obviamente tienen una lógica, la documentación informática que se intentará localizar en esos hardwares debe incluir el tiempo que pasó entre el 1 de julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2015.
Siempre por pedido de Pollicita, Lijo también le enviará a la AFIP un escrito que se levante el secreto fiscal sobre las declaraciones juradas de Ramón “Allan” Bogado, acusado por Nisman de ser un espía que hacía de interlocutor entre el Gobierno K y el régimen de Mahmud Amedinejad, en Irán.