El legislador presentó hoy un amparo ante la Cámara en lo Contencioso y Administrativo. “El gobierno sigue con su desidia y muestra desaprensión ante los derechos de los ciudadanos”.
Esta mañana, el legislador Fernando Valdez se apersonó anta la Cámara en lo Contencioso y Administrativo para presentar un recurso de amparo a fin de que el gobierno provincial le otorgue un número y publique la Ley de trato digno al consumidor. “Es inaudito que un legislador deba recurrir a la Justicia para obligar al Poder Ejecutivo a cumplir con la manda constitucional que tiene de hacer operativa una norma que la legislatura sancionó hace un año y tres meses y que considera trato indigno las largas filas y colas que los tucumanos tienen que hacer en distintas dependencias públicas y privadas”, detalló.
Según el legislador “esta desidia del gobierno sólo puede explicarse en el marco de una provincia degradada institucionalmente. Es una situación insólita y además muestra una desaprensión absoluta del gobierno con los derechos de los consumidores”.
Valdez ya había presentado un reclamo administrativo en Casa de Gobierno el pasado 20 de abril tras cumplirse un año de la sanción de la ley, que establece un tope de 30 minutos al tiempo que un consumidor o usuario debe esperar para ser atendido. Es por eso que, ante la persistencia de esta conducta contraria a los deberes que la Constitución Provincial impone al Ejecutivo es que el parlamentario recurrió al Poder Judicial.
“En su momento, al gobernador le hicimos notar que los consumidores deben soportar largas colas sin un mínimo de comodidades para realizar trámites o acceder a un servicio. Las mismas son muchas veces en el exterior de las dependencias, a merced de las inclemencias del clima, sin la posibilidad de tomar asiento ni acceder a baños, situación que evidentemente vulnera los derechos de trato digno a los usuarios y consumidores. A su vez estos hechos se ven agravados en las situaciones en las que quienes esperan pertenecen a grupos que deben ser especialmente amparados, como las personas mayores, personas con capacidades especiales o niños pequeños que acompañan a los adultos en los trámites. Pensé que el gobernador Manzur iba a entender y reparar la omisión de su antecesor, pero vemos que no es así”, expresó Valdez.
“Esta oclusión del Poder Ejecutivo me imposibilita, al igual que a todos los ciudadanos de esta provincia, ejercer mi legítimo derecho a un trato digno como consumidor el cual está consagrado en el artículo 42 de la Constitución Nacional, en donde se establece en su primer párrafo que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a: la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”, amplió Valdez.
“Ya hay experiencias de la aplicación de normas similares en otras provincias del país. No es una solución mágica pero brinda una herramienta importante al ciudadano que podrá cada vez que sufra estas demoras injustificadas, hacer presentaciones en Defensa del Consumidor y promover acciones que van desde la iniciación de un sumario a apercibimientos y sanciones”, finalizó.