La medida la tomó el gremio estatal más combativo en rechazo a los retiros voluntarios abiertos para los empleados contratados a través del Ente Cooperador ACARA, por considerarlos “forzosos”. El Ministerio de Justicia busca terminar con esa caja de financiamiento “paralela” y amenaza con echar a los que se suman a la medida de fuerza y “violen la ley laboral”.
Tras el anuncio el martes de despidos en la Dirección Nacional del Registro Automotor por las medidas de fuerza en rechazo al plan de retiros voluntarios para 2.200 trabajadores del Ministerio de Justicia que cobran su sueldo por el Ente Cooperador Asociación de Concesionarias de la República Argentina (ACARA), la confrontación entre esa cartera y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se agravó. Ambas partes endurecieron sus posiciones y la sede central del Registro sigue de paro, aunque parcial, ya que el otro gremio estatal, la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), no adhiere a la medida de protesta.
El conflicto comenzó luego de que el Ministerio de Justicia anunciara la apertura de retiros voluntarios para los empleados contratados a través de ese ente privado que terceriza el servicio de la inscripción y patentamiento de autos cero kilómetros en el país. Tras quedarse con una comisión, ACARA le gira el resto de esos fondos a esa cartera. Con alrededor del 40% de ese dinero se pagan los sueldos de más de la mitad de la plantilla de Justicia, y el resto se destina a otros gastos de funcionamiento de la cartera. Esta “caja paralela” existe hace más de cuatro décadas. Todas las gestiones lo utilizaron para disponer de recursos por fuera de lo que recibe el Ministerio de Justicia del Tesoro nacional, y sin la misma rendición ni requerimientos de transparencia a la que está obligada la Administración Pública Nacional.
Desde ATE – el gremio estatal históricamente más combativo- denunciaron que se trata de “despidos baratos encubiertos“ y que las autoridades de Justicia “vienen apretando” a los trabajadores para que se adhieran al retiro, al que consideran desventajoso en lo económico, bajo la amenaza de quedarse en la calle, sin cobrar nada, si no lo aceptan. La propuesta prevé entre 6 y 18 cuotas mensuales como máximo, según la antigüedad, que ACARA pagará a los empleados del Ministerio contratados por este ente, en lugar de una indemnización correspondiente a los años trabajados.
Desde el Ministerio a cargo de Mariano Cúneo Libarona negaron ayer a Infobae que el plan de retiros sea “forzoso” y defendieron la medida para terminar con la modalidad de contratación tercerizada a través de ACARA. “Los gremios están sosteniendo una mentira de que estamos despidiendo gente y acá no se despidió a nadie. Se hizo un retiro voluntario, justamente, para evitar despidos y buscar una solución. Es más, el retiro es bastante conveniente para la gente que no estaba viniendo a trabajar”, afirmaron. Y pusieron como ejemplo el caso de “gente que se supone que estaba trabajando en La Plata digitalmente y no tiene VPN (una conexión de red de internet interna). ¿Cómo trabajaba entonces? Hay empleados que trabajan en concesionarias y no sabemos ni dónde trabajan ni qué hacen”, agregaron en la cartera.
¿Los que no adhieran al retiro voluntario, el 31 de diciembre, cuando ACARA cese como empleadora, se quedan sin trabajo y sin indemnización?, preguntó Infobae. “No, es falso. Hay un montón de variantes. Se buscará una alternativa de recontratación a través de otro ente, o por el artículo 9. Los que trabajan y cumplen con las horas establecidas, no van a ser despedidos. Los que no estaban yendo, podrán aceptar el retiro e irse. Estamos tratando de terminar con los curros. El Presidente no nos pidió que echemos a tantos, nos pidió que seamos eficientes”, respondieron en Justicia.
La posibilidad de recontratar a empleados considerados “imprescindibles” con la modalidad conocida como artículo 9 de la ley de Contrato del Trabajo, por un año, se plasmó en el Anexo de la Resolución 311/2024 que dispuso el plan de retiros. Si bien el plazo para adherir vencía hoy, el Ministerio decidió prorrogar por otros 15 días. Hasta ahora, según fuentes oficiales, se habrían acogido unos 1.000 empleados contratados por ACARA.
En estos últimos días, UPCN estableció una mesa de diálogo con las autoridades de Justicia para garantizar criterios de “transparencia” en la recontratación de aquellos que no adhirieran al retiro y cumplan tareas en alguna de las dependencias del Ministerio. El resultado de esta negociación se plasmó en un acta en la que el Ministerio de Justicia se compromete a ser “garante” de los pagos de los retiros por parte de ACARA.
“El objetivo es ir viendo cómo se avanza en toda esta situación y la continuidad para aquellos trabajadores que se decida que continúen. Lo que queremos es que ese traspaso sea lo más transparente posible, y evitar las subjetividades de los jefes de las distintas áreas. Pero para sentarnos en esa mesa a negociar, no podemos estar en conflicto”, señaló un dirigente de este gremio a Infobae. “Ellos dicen que el 31 de diciembre ACARA no continuaría como empleador. Frente esa situación, todos deberían acogerse al retiro voluntario, que mejoraron en algunas cuotas para la gente de más antiguedad. No son las 18 como máximo. Lo que ellos quieren es evitar los juicios”, agregó. ¿Esa mejora fue dejada por escrito o fue un ofrecimiento verbal?, preguntó este medio al referente de UPCN. “Fue verbal. Pero lo que lo que sí firmamos es el acuerdo donde decimos que el Ministerio sale de garante con que esto se va a cumplir, más allá de que el ente cooperador siga funcionando o no el día de mañana”, fue la respuesta.
Protesta de ATE
La posición de ATE es diferente a la UPCN, mucho más confrontativa en rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei. Ayer a la mañana, convocaron a una movilización frente la sede central de esa cartera, en pleno microcentro porteño, para denunciar “despidos, extorsiones, persecución y violencia en el Ministerio de Justicia”.
En la protesta, el secretario de ATE Capital, Daniel Catalano, repudió los recortes en la planta del Estado y recibió el apoyo de referentes del movimiento sindical, como el cotitular de la CGT, Pablo Moyano, el secretario general de la CTA nacional, Hugo Yasky; y el titular de La Bancaria y diputado nacional Sergio Palazzo, entre otros.
fuente: infobae