El intendente capitalino se negó a brindar explicaciones ante el Tribunal de Cuentas de la provincia por el destino de recursos enviados por la Nación. Alfaro le envió carta documento al organismo, que tiene un convenio con la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), pero recibió como respuesta una presentación judicial.
Una simple acción de auditoría del Tribunal de Cuentas, encomendada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), en el marco de un convenio por la Red Federal de Control Público, derivó en una presentación penal en contra del municipio de San Miguel de Tucumán.
Sucede que, al igual que el municipio de Concepción, las autoridades de la jurisdicción Capital se negaron a dar cuenta del destino de recursos nacionales enviados directamente por la Nación. La auditoría, que se encuentra en pleno requerimiento, motivó que las autoridades municipales capitalinas enviaran una carta documento dirigida al Tribunal de Cuentas, en donde desconocían la jurisdicción y competencia en el control de esos dineros.
La confirmación del envío de la citada carta documento por parte del intendente Germán Alfaro, se dio a través de la publicación de los acuerdos 2415 y 2416 del mencionado organismo provincial de control, que se encuentra conducido por su presidente Miguel Terraf y por los vocales Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci.
Los términos en los que se había manejado el “lord mayor” no cayeron bien entre las autoridades del Tribunal de Cuentas, puesto que señalaban falsas aseveraciones y acusaciones de confabulación política por parte de ese órgano de control y el propio gobernador Juan Manzur.
Las acusaciones generaron una presentación penal ante la Justicia, en la que exigen que Alfaro presente las pruebas de lo que afirmó en el citado instrumento legal.
“Por encontrarnos ante la imputación de un delito formulada por un funcionario público local de máxima jerarquía, consideramos que la misma, no obstante tener estado público, por la gravedad de los hechos imputados, debe ser puesta en conocimiento del fiscal en lo Penal de instrucción para que investigue los hechos”, sostuvieron Terraf, Vidal y Díaz Ricci, al justificar su decisión de presentarse ante la Justicia para comprobar la veracidad o no de esas acusaciones mediante la presentación de las pruebas correspondientes.
La situación de Alfaro es complicada, toda vez que este sistema de auditorías está vigente y es encomendado por la propia SIGEN a los Tribunales de Cuentas de las distintas provincias del país, a fin de que se agilice el control de los recursos que se envían desde el Gobierno central.
En este caso puntual, la SIGEN le solicitó al Tribunal de Cuentas de la Provincia, que realice un control en los municipios y comunas que hayan recibido durante 2016 recursos provenientes directamente desde la Nación.
La falta de presentación de la documentación requerida en la mencionada auditoría fue puesta en conocimiento a la SIGEN por parte del Tribunal de Cuentas.
Cabe señalar que el Gobierno nacional decidió darle un trato distinto al municipio capitalino, al que le derivó recursos extraordinarios para la realización de obras, además de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Esos fondos llegaron de manera directa, sin la intervención de la provincia, pero los medios de control que tiene el propio gobierno central se basan en acuerdos con organismos similares en las distintas provincias.
La situación de conflicto generó una gran tensión entre la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y el Tribunal de Cuentas de la Provincia. Ahora la cuestión se encuentra en manos de la Justicia, debido a las acusaciones de Alfaro, quien considera que acciones comunes, como la rendición de cuentas de fondos nacionales, son maniobras que se inscriben en intencionalidades políticas. Ahora tendrá que comprobar que sus acusaciones son veraces a través de pruebas concretas.
Tanto oficialistas como opositores son controlados por el Tribunal de Cuentas
Casos similares al ocurrido en San Miguel de Tucumán, se dieron en controles que realizó el Tribunal de Cuentas de la provincia en los municipios de Concepción y La Cocha. En el primero de los casos -tal como lo anticipó Diario Cuarto Poder en su edición impresa de la semana pasada- la gestión de Roberto Sánchez se negó a brindar la información que se le solicitaba, por un monto total de 26.748.329,19 pesos, de un total de seis envíos de recursos desde la Nación. El primero de ellos fue el Programa de Atención al Vecino, por un importe de 147.178,29 pesos que iba a ser destinado a la compra de equipamiento de computación para el mejoramiento de la atención de los vecinos. El segundo desembolso de 4.521.055,21 pesos fue para la obra Nueva Avenida Urbana. En tanto que el tercero fue para el Canal Shipton, por un importe de 5.718.295,64 pesos. En cuarto término se requirió información sobre el Programa Hábitat del Fondo Federal por mejoras en el Barrio San Expedito por 6.681118,05 pesos. Por último, también se consultó sobre el destino de un ATN por 4 millones de pesos.
Una acción similar realizaron los contadores del Tribunal de Cuentas de la provincia en el municipio de La Cocha, en donde el intendente oficialista Leopoldo Rodríguez (h), también se negó a la presentación de la documentación solicitada. En ambos casos, la situación fue puesta en conocimiento de la Sindicatura General de la Nación.
Las tareas que lleva adelante el organismo de control provincial se seguirán realizando en los municipios y las comunas tucumanas a las que llegaron recursos nacionales durante el 2016, en cumplimiento de los acuerdos y comprendidos en las normas de contralor vigentes a nivel nacional.