La primera denuncia anónima que recibieron las autoridades sobre lo que luego se convirtió en una investigación que derivó en un escándalo de corrupción en la Gendarmería Nacional, fue en realidad una confesión de parte.
“Por favor hagan algo con los milicos coimeros que nos sacan toda la plata”, tenía tono de súplica, pero era en realidad la confesión de un comerciante ilegal que accede a pagar coiimas para que le permitan seguir adelante con la venta de mercadería de cotrabando, como parte de una red de corrupción que ahora salió a la luz.
Mercadería ilegal
Se trata de todo un sistema de connivencia entre efectivos de Gendarmería Nacional y bagayeros que facilitaba el movimiento de mercadería ingresada ilegalmente al país en bultos que muchas veces servían como pantalla para el tráfico de droga.
Los fiscales federales Carlos Amad (Salta) y Agustín Chit (Tucumán), que llevaban adelante investigaciones similares, decidieron trabajar en conjunto.
La hipótesis de ambos apunta a efectivos de esa fuerza nacional responsables de dos tipos de ilícitos: cobraban sobornos en los controles o arreglaban con los tours de compra para permitirles el paso hacia Orán, suministrando información sobre dónde serían revisados y asegurando la circulación por las rutas tucumanas.
Nuevos allanamientos
El miércoles se concretaron allanamientos en Catamarca, Tucumán y Salta, en los que fueron detenidos 20 gendarmes y nueve civiles, se decomisaron al menos $ 46 millones y en la casa de los acusados hallaron mercadería que, se cree, había sido decomisada en algún control y luego fue separada para la venta.
En Salta, donde está en vigencia el nuevo código procesal penal federal, se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos en contra de ocho gendarmes.
Además de asegurar que serán acusados de haber integrado una asociación ilícita que acordaba coimas con los bagayeros para enriquecerse, se le aplicó la prisión preventiva por dos meses.
El último escollo
El punto de control “El Naranjo” constituye el último escollo que deben superar los tours de compras cargados con mercadería de contrabando que luego se vende en ferias o negocios que compiten de manera desleal con los comerciantes formales.
Instalado a 18 kilómetros de Rosario de la Frontera, Salta, es donde estaban destinados los ocho uniformados procesados, y se habría convertido en una especie de centro de percepción del dinero acordado por las partes.
“En algunos casos, los sobornos se exigían directamente a los comerciantes que viajaban en sus vehículos particulares, mientras que, en otros casos, los pagos se acordaban con los coordinadores de los tours de compra y se hacían mediante transferencia a cuentas de familiares de los efectivos implicados”, detalló el fiscal Chit, quien estuvo en la decisiva audiencia judicial.
Asociación ilícita
Su colega Amad fue severo al señalar que los acusados integraban una asociación ilícita criminal que tenía como objetivo la obtención de dinero de manera ilegal.
“Tenían una ganancia de un millón de pesos por día”, reveló el representante del Ministerio Público Fiscal, quien señaló además que “ninguno de los acusados podía justificar la gran cantidad de dinero secuestrado”.
El sistema con el que se movían los gendarmes en ese control es muy particular, dado que los efectivos del Escuadrón 45 fueron asignados a ese lugar mediante un sistema rotativo que permitía que realizan esa tarea durante siete días y después eran reemplazados por otros.
La auxiliar fiscal Roxana Gual reportó tres detalles clave que surgieron en la investigación: al investigar el caso descubrieron que en ese control se había una notoria disminución de secuestro de drogas; al haber sospechas de pago de sobornos, sólo se rotaba a los superiores; y supieron que algunos gendarmes pagaban a los responsables hasta $ 400.000 para que los destinen en ese destacamento.
Entre $ 3.000 y $ 7.000
El fiscal Amad agregó que los acusados pedían entre $ 3.000 y $ 7.000 a los comerciantes que regresaban desde el norte del país para permitirles pasar con la mercadería de contrabando. “Por esa razón los billetes encontrados eran en su mayoría de baja nominación”, aseguró.
Los agentes Gustavo Pozo y María Laura Rodríguez; los cabos Pablo Méndez y Olga Daiana Rodríguez, Matías Daniel Aranda, Rubén Rodríguez y Raúl Portillo; y el sargento Nelson Bautista negaron todo y se declararon inocentes.
Al momento de hablar, todos negaron relación con el grueso del dinero secuestrado y sólo reconocieron como suyas las sumas incautadas en la requisa personal, que no superaban los $ 100.000.
Dijeron que eran “ahorros”
Los que fueron sorprendidos con una suma, afirmaron que era el resultado de haber ahorrado durante mucho años.
Amad remarcó el intento realizado por los acusados de despegarse del dinero que fue incautado en su ámbito de resguardo.
“Es como si algún filántropo o acaso el Gran Bonete aparecieron y dejaron dinero en bolsos y mochilas que solo los acusados podían tener acceso”, disparó el acusador en tono irónico.
En cuanto a la prisión preventiva, el juez Julio Bavio decidió aplicarla, pero en el caso de Rodríguez y Méndez, dispuso que fuera bajo la modalidad de arresto domiciliario.
El resto, en tanto, serán trasladados a depndencias del Servicio Penitenciario Federalcon lo cual se dio por formalizada la investigación y se habilitaron las pericias pendientes que serán cruciales ya que incluyen el levantamiento del secreto fiscal sobre los funcionarios corruptos.
fuente: Los Primeros