El ministerio de De Vido apeló a un acuerdo con Polonia, de la época de la dictadura, para eludir una licitación y contratar una firma por 53 millones de euros; ya hay otras dos causas por negocios con la mina.
La mina de Río Turbio no sólo se usó para desviar cientos de millones de pesos destinados a obras que jamás se completaron. También sirvió de excusa para una multimillonaria triangulación de fondos durante el kirchnerismo con el fin de sortear los escollos legales que le impedían al Ministerio de Planificación contratar con una empresa polaca, según surge de expedientes administrativos y otros documentos oficiales y privados.
La triangulación se apoyó en un decreto emitido durante la última dictadura y destinado a fomentar la cooperación entre los Estados argentino y polaco. Así les permitió a funcionarios bajo la órbita del entonces ministro Julio De Vido comprar maquinaria minera a una empresa polaca, de manera directa, luego de que esa compañía no ganó una licitación pública internacional.
La triangulación abarcó a funcionarios argentinos, como intermediaria quedó una empresa estatal polaca, Bumar-Labedy, sin vínculo alguno con la industria minera carbonífera subterránea, y como tercer vértice participó Kopex, una firma también polaca, pero privada y que sí se especializa en la industria minera.
En total, triangularon por lo menos 53,3 millones de euros -unos $ 450 millones al tipo de cambio vigente- en dos operaciones paralelas que comenzaron en 2012 y cuya ejecución contractual se extiende hasta hoy.
La maniobra se suma así a dos denuncias de las nuevas autoridades de Yacimientos Carboníferos Fiscales-Río Turbio (YCRT). La primera, por el desvío de fondos a través de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN); la segunda, por un presunto fraude con una obra vial, jamás iniciada, pero sí se cobró.
Techo Argentina
La triangulación se gestó poco después de que el Ministerio de Planificación dio dos veces de baja la licitación 05/2010 destinada a comprar maquinaria para Río Turbio. Varias empresas habían quedado calificadas para la apertura de los sobres número 2, con sus precios, pero el 17 de marzo de 2011, desde la Secretaría de Minería, y basado en un informe de la Universidad de la Patagonia Austral, optaron por “declarar fracasado el presente llamado”, según consta en el expediente administrativo S01:0040886/2010.
Caídos los dos llamados de esa licitación, de inmediato desde YCRT consultaron en el mercado cuánto costaba cierta maquinaria de uso minero específico conocida como “frente largo”. Querían comprar, informaron, dos unidades.
Sin embargo, en vez de llamar a una nueva licitación, desde el Ministerio de Planificación abrieron una negociación directa con Kopex, que para diciembre de ese mismo año selló una alianza con la firma estatal polaca, Bumar-Labedy, por un negocio que estimó que rondaría los 27,3 millones de euros, según informó Kopex en su página web el 17 de abril de 2012.
Dictadura y cortina de hierro
Nueve días después apareció la Dirección de Tratados de la Cancillería argentina. Le informó al Ministerio de Planificación que se encontraba “en vigor” el convenio entre la Argentina y Polonia que los funcionarios de De Vido querían usar para la triangulación. Es decir, un acuerdo “de cooperación en el campo de la minería” que el régimen militar firmó en 1982, tras la guerra de Malvinas, con la entonces República Popular de Polonia.
¿Qué se acordó en aquel convenio que ya en democracia se refrendó mediante la ley 23.196? Que ambos países se comprometían a ayudarse en el sector minero “a través de convenios y contratos celebrados entre los organismos competentes”. Es decir, que sólo incluía al sector público, pero no así al privado, por entonces inexistente del otro lado de la cortina de hierro.
Así, en agosto de 2012 se firmó el primero de los dos contratos. Fue por 19,6 millones de euros, para comprarle a la estatal Bumar-Labedy “dos tuneleras para excavación con un sistema de transporte continuo y cinta transportadora”, según surge de otro expediente administrativo de Planificación, el S01:0282444/2012 que cotejó La Nación.
Un mes después, la Dirección de Tratados de la Cancillería volvió a informar que el convenio de 1982 con Polonia continuaba “en vigor”, y de ese modo el ministerio avanzó con la otra operación. El 28 de noviembre de 2012 firmó su segundo contrato, también con Bumar-Labedy, de acuerdo a un tercer expediente administrativo de Planificación, el S01:0433846/2012.
Esta segunda compra, en rigor, completó la anterior. Adquirieron un equipo “para frente largo completo, un juego de repuestos, servicios y asistencia técnica, seis juegos de documentación técnica de operación, despiece y mantenimiento del equipamiento, instalación del sistema básico de visualización y ejecución de las patas hidráulicas”. ¿Monto que se pagó? 32,6 millones de euros.
El problema es que Bumar-Labedy, aunque firmó ambos contratos, no podía entregar por sí misma nada de lo que acordó. Era una fábrica estatal polaca para fines militares, que se expandió a la construcción de maquinaria civil pesada -y se privatizó en 2014-, pero que nunca se abocó al rubro de minería subterránea de carbón. Ofrece otros equipos, pero no esos “frentes largos”, ni “rozadoras”. Por eso, solo intermedió en la operación, lo que le permitió al ministerio de De Vido evitar una licitación y a la empresa Kopex quedarse con el negocio que de otro modo no hubiera obtenido.
Se intentó una comunicación por teléfono y por e-mail con la embajada de Polonia y con la representante local de Kopex, Koparco, pero no obtuvo respuesta. Por su parte, el abogado de De Vido, Andrés Maloney, negó cualquier irregularidad de su cliente en relación con Río Turio. Calificó como un “show mediático” y una “sobreactuación” el pedido de desafuero como diputado nacional.
El 27 de mayo de 2013, en tanto, y con ambos contratos en manos de Bumar-Labedy, que se los pasó a Kopex, se completó la triangulación. Ese lunes se publicaron en el Boletín Oficial dos decisiones administrativas, la 252/13 y 253/13, para “ratificar” ambas compras y asignarles partidas presupuestarias para su pago. Salieron con las firmas de De Vido y el entonces jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.
Los negocios y el dinero en danza, sin embargo, se expandieron. Nueve meses después, en febrero de 2014, Kopex informó a las autoridades de la bolsa en su país que como “subcontratista” de Bumar-Labedy había firmado dos acuerdos con destino final Río Turbio. Pero informó otra cifra: 56,4 millones de euros.
Con el arribo del gobierno de Mauricio Macri, en tanto, Omar Zeidán asumió como interventor de YCRT. Fue él quien denunció ante la Justicia los multimillonarios desvíos de fondos que llevaron al fiscal federal Carlos Stornelli a pedir el desafuero, la detención y la indagatoria de De Vido y otros 22 acusados. Pero también viajó a Polonia el mes pasado y firmó un convenio con el Ministerio de Energía de ese país para comprar más equipamiento por US$ 2,3 millones.
La maquinaria polaca triangulada entre 2012 y 2013, mientras tanto, demoró años en llegar. Las dos tuneleras y el “frente largo” recién arribaron en mayo de este año, cuando Zeidan cifró la inversión en $ 680 millones -unos US$ 42,5 millones al tipo de cambio vigente-. Y según confirmaron desde Río Turbio, los últimos contenedores llegaron en los últimos 30 días.
Fuente: La Nación