Por Fabián Seidán para diario CUARTO PODER.|La semana pasada fue noticia nacional la medida adoptada por una jueza tucumana contra un acusado de violencia de género: le prohibió estar a una distancia no menor a 300 kilómetros de su denunciante. En pocas palabras, lo echó de la provincia. Se trata de una medida preventiva que bien podría ser aplicada en otros casos con reincidencias, como dealers, mecheras y motochorros.
La inseguridad es Tucumán no tiene techo, crece día a día y de manera vertical. Por eso, desde la Legislatura, buscan proveer a la Policía y a la Justicia especialmente, de herramientas útiles para contrarrestar el flagelo. Ya a mitad de año sacaron una ley específica para enfrentar a motochorros y rompevidrios, y hoy trabajan contrarreloj en una norma para que las mecheras y pungas no entren y salgan de las comisarías tan rápido, después de ser atrapados.
En tanto, mientras la policía hace lo que puede para enfrentar la ola criminal; la Justicia, dentro de su cajita de cristal, alejada de la realidad y del sentido común, busca la manera de congraciarse con la sociedad tratando de ocuparse de los casos de violencias de género (más vale tarde que nunca), otra problemática seria que también viene en franco ascenso.
Noticia nacional
Bajo esa figura es que Tucumán fue noticia nacional. Es que ante los constantes incumplimientos de las medidas restrictivas de acercamiento dictadas por una jueza hacia un denunciado por violencia de género, lo terminó expulsado de la provincia por 180 días (hasta julio de 2021).
La jueza de Familia del Centro Judicial de Monteros, Mariana Josefina Rey Galindo, fue quien impuso la medida. Y aunque muchos crean que se trata de un castigo inédito, no lo es: ésta misma jueza ya aplicó similar castigo en enero de 2019. En aquella oportunidad había echado a un joven de la provincia. El fallo le impedía al acusado acercarse a no menos de 300 kilómetros de distancia de la denunciante. En caso de infringir la medida, sería detenido y pasar varios meses en la cárcel.
Un fallo ejemplar
La jueza primero había ordenado que la restricción de acercamiento del agresor al domicilio de la denunciante (vive en Famaillá), sea de 10 kilómetros, pero el sujeto no cumplió con la orden, volvió a la vivienda, forzó la cerradura y se negaba a retirar. Frente a esa situación, la jueza ordenó ampliar el radio de restricción, dado que la mujer se encontraba ante una situación de inseguridad de riesgo alto.
El nuevo fallo estableció que, además del distanciamiento físico de la víctima y sus hijos, el acusado tampoco podía tener con ellos contacto telefónico, por redes sociales o a través de terceras personas que pudieran poner en riesgo la salud física, mental y emocional de la denunciante. “El Estado tiene el deber de proteger a la denunciante de violencia de género y de violencia familiar, para evitar que pueda convertirse en otra víctima”, señala la magistrada.
El fallo, si bien puede lesionar derechos constitucionales, buscó dar prioridad a la vida, la seguridad y la integridad de la persona amenazada.
¿Ahora bien, un narco, un ladrón o una mechera, no son también una amenaza para la sociedad? ¿Su peligrosidad y desapego a la ley y normas de convivencia no ameritan sacarlos de la provincia?
Algunos piden construir o ampliar las cárceles, otros extraditar a los extranjeros que delinquen, bajar la edad de imputabilidad; etc. Pero echarlos de la provincia también podría servir para ir atacando de apoco el flagelo delictivo.
El primer expulsado
Rey Galindo, ya en diciembre de 2018, tomó la primera decisión de este tipo contra un joven de 24 años al echarlo de la provincia. El joven, también oriundo de Famaillá, debía permanecer al menos a 300 km de distancia de la víctima, o sea, fuera de las fronteras de Tucumán.
Si bien la magistrada reconoce que su fallo puede lesionar los derechos constitucionales de los acusados, también es consciente de que la medida busca dar prioridad a la vida, la seguridad, la integridad y el derecho a librarse de violencia que asiste a la parte más vulnerable del conflicto.
Aplicable a otros delitos
Teniendo en cuenta éste antecedente judicial, sería oportuno que los jueces penalistas comiencen a trabajar de la misma forma, buscar propender al bien común de las víctimas, previniendo posibles nuevos crímenes, al actuar contra maleantes con antecedentes delictivos que reinciden, y no seguir asumiendo la falsa idea de que quienes delinquen son víctimas del sistema y la sociedad.
Hoy en día la población vive con miedo, encerrados en sus casas, atrincherados detrás de rejas y alarmas, contratando rondines, o electrificando cercas para no ser las presas fáciles.
Hay gente que delinque, que venden drogas, que integran famosos “clanes” y que operan con total impunidad en los barrios y el microcentro, pero siguen libres, haciendo de las suyas y nadie hace algo, ni de manera preventiva.
El método Rey Galindo
Ahí podría funcionar el método “Rey Galindo” –de expulsarlos de la provincia-; y vigilar las fronteras y principales accesos a la provincia para que no puedan volver a entrar, con controles similares a los empleados hoy para evitar el ingreso a Tucumán de personas con Covid-19.
Tucumán necesita cambios y mano dura para enfrentar la inseguridad, y la prevención del delito es la herramienta más importante ya que salva vidas. La Justicia tiene la última palabra.