Varias causas se activaron y complican a hombres cercanos al actual senador nacional. Al caso del ex intendente de Monteros, Alberto Olea y su esposa María del Carmen Carrillo, se suma el juicio oral próximo de Miguel Brito, ex titular de la DAU, y el del intendente de Tafí del Valle, Jorge Yapura Astorga, por enriquecimiento ilícito.
La semana pasada fue el turno del matrimonio Olea, quienes serán investigados por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La cercanía del ex intendente de Monteros, Alberto Olea, y de su esposa María del Carmen Carrillo, hacen temblar a aquellos ex funcionarios y colaboradores directos del ex gobernador y actual senador nacional José Jorge Alperovich.
También se sumó la elevación a juicio oral de la causa por enriquecimiento ilícito, entre otros delitos, del intendente de Tafí del Valle, Jorge Yapura Astorga (ver nota de la página 3), quien también estuvo muy cercano a Alperovich mientras este fue el mandatario provincial. Yapura Astorga será sometido a juicio junto a varios de sus funcionarios, parientes y su propio contador. Pero también el ex radical devenido en aliado alperovichista hizo buenas migas con el ex titular del Plan Belgrano, José Cano, lo que hace suponer que su procesamiento no sólo afectará a Alperovich.
Mientras que la tercera causa que también espera por el juicio oral será la de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, en donde se encuentra implicado el ex titular, Miguel Ángel Brito. El ex funcionario fue acusado de un manejo discrecional del organismo y la realización de obras públicas en residencias privadas de la familia Alperovich.
La denuncia había sido formulada por la actual senadora nacional, Silvia Elías de Pérez, y por el legislador radical y vicepresidente 2º de la Cámara, Ariel García. Cabe destacar que también el parlamentario nacional es el denunciante de la causa que tiene implicado al matrimonio Olea.
Las acusaciones formuladas contra Brito ante la Justicia se referían a sobreprecios de obras; facturas truchas; la existencia de “choripaneros empresarios” que trabajaban para la DAU; empresas fantasmas y trabajos no realizados y pagados.
El primer juicio de presuntas irregularidades con fondos públicos cometidas en el Gobierno de José Alperovich comenzará en los últimes meses de 2017.
“Las partes terminaron de ofrecer las pruebas en marzo. Ahora corresponde analizar la oferta y decretarla. Cuando finalicemos ese trámite, fijaremos la fecha del juicio oral (del caso ‘DAU’)”, informó Marta Cavallotti, la camarista que preside la Sala VI. Además de Cavallotti, integran el estrado que juzgará a Brito las juezas Alicia Freidenberg y Stella Maris Arce.
En la larga fila de los procesos penales elevados a juicio oral suelen tener prioridad aquellos que incluyen acusados en prisión preventiva. No es el caso de Brito, que transitó en libertad la investigación iniciada en 2012.
Previamente, se había difundido un acuerdo del Tribunal de Cuentas que advertía sobre presuntos sobreprecios en una obra de restauración de la fachada de la Casa de Gobierno: a posteriori, aquel órgano de control practicó una auditoría que detalló supuestas anomalías en 86 de las 423 obras públicas ejecutadas con un régimen especial de contratación directa. El monto global de esos proyectos ascendía a $ 6 millones (1,2 millones de dólares según la cotización de 2012).
Entre los testigos citados para el juicio está un constructor que en su momento dijo que el Estado lo había contratado para edificar una obra en la residencia de un familiar de Alperovich.
Los alperovichistas se encuentran visiblemente nerviosos porque suponen que la misma situación en la que se encuentran los ex funcionarios del kirchnerismo, es aplicable a quienes estuvieron acompañando a José Alperovich en los doce años de gestión de Gobierno. Un temor bien fundado.