La justicia tucumana rechazó los pedidos de los abogados que defienden a los imputados por instigar una sedición policial, quienes habían solicitado el cese de la prisión preventiva, por lo que los cuatro policías y el civil involucrados en la causa, seguirán tras las rejas.
Los acusados quedaron privados de la libertad entre el 25 y el 26 de febrero, debido a que la fiscal Mariana Rivadeneira consiguió que el juez Alejandro Valeros les aplicara la reclusión por dos meses, medida que los letrados que los representan decidieron apelar.
Los abogados requirieron que se anulara la resolución alegando falta de argumentación y de pruebas en su contra, a lo que la fiscal Susana Cordisco y la auxiliar Mónica Tobchan se opusieron firmemente sosteniendo que los planteos efectuados por sus colegas no era corrrectos.
El Gobierno tomó parte en la audiencia judicial asumiendo el rol de querellante. Previo al rechazo del pedido de los patrocinantes, el representante de la Fiscalía de Estado José María Molina puso en blanco sobre negro cuál era la misión que se le había asignado.
“El Gobierno se apersonó como parte en la causa por el interés directo que tiene. En el marco de este proceso quedó demostrado que se puso en juego la paz social, las instituciones y la democracia de nuestra provincia. Recordemos que el antecedente que tenemos, que es la sedición de 2012, cuyos protagonistas están siendo enjuiciados. En esos días de diciembre hubo saqueos, muertes y comerciantes que se fundieron. Todo esto es producto del caos que generaron las personas que son acusadas de sedición. No puede pasar lo mismo”, indicó.
La jueza Julieta Casas convalidó los argumentos de los acusadores y desestimó el planteo de las defensas.
Los acusados que seguirán con prisión preventiva son:
– Carlos Córdoba: es empleado municipal y está acusado de haber publicado el mensaje “vamos por el autoacuartelamiento”.
– Walter Moreno: policía dueño de la cuenta donde se efectuaba el depósito de dinero de la colecta que comenzaron para contratar un abogado.
– Juan Chebbib: el que cuestionó a los administradores del grupo de WhatsApp por haber desaparecido cuando la situación comenzó a trascender.
– Héctor Coria: empleado policial asignado al área de prensa del Ministerio de Seguridad, señalado por haber facilitado el contacto para dialogar con un abogado.
– Víctor Graneros: el uniformado que fue el creador del grupo “Salario Policial 2024” donde los sospechosos se organizaron.
El jueves habrá otra audiencia de impugnación, esta vez para definir la acusación en contra del abogado Gustavo Morales que está acusado de instigar a los policías al alzamiento.