La realidad indica que primero se debe construir una nueva cárcel.
Opinión: Por Fabián Seidán, Editor General del Diario Cuarto Poder.
La Comisión de Seguimiento de la Ley de Emergencia en Seguridad de Tucumán que integran los tres poderes del Estado, presentó en la Legislatura un paquete de recomendaciones para luchar contra el crecimiento delito que, hoy por hoy, no tiene techo ni límites en la provincia. Y entre las medidas sobresalen las propuestas de crear 100 nuevas fiscalías penales, lanzar más policías a las calles, facilitar las denuncias de víctimas de delitos en las comisarías, como así también habilitar un número telefónico para que se denuncie de forma anónima los lugares donde se vende droga. Hasta aquí todo lindo. Las medidas lucen fantásticas y hasta suenan maravillosa; sin embargo, si no hay más lugares de detención para los criminales, de nada servirán su implementación pues, cae de maduro, que se seguirán liberando a los detenidos por causas menores, para evitar los grandes hacinamientos de presos que hay en Tucumán y que tanto le preocupa a la Justicia su comodidad.
Entre las recomendaciones de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Emergencia en Seguridad también figura levantar una nueva cárcel y crear más comisaría, pero “no se puede poner el carro delante de los caballos”. Lo primero es lo primero y “por h o por b”, desde el año 2009 que el gobierno local, que es el mismo que gobierno desde 2003 a la fecha (Frente para la Victoria), dice que va a levantar una nueva cárcel, pero no lo hace y los reos siguen hacinados, en las distintas comisarías. La inauguración de nuevos pabellones en el penal de Villa Urquiza podría servir para descomprimir la situación, pero no es suficiente, porque la criminalidad ha crecido de manera exponencial y día a día nos desayunamos con noticias de que no alcanzan los calabozos para albergar a tantos criminales.
Según la Justicia, los detenidos en calabozos duplican la capacidad de las comisarías, mientras que la cárcel de Villa Urquiza no tiene cupos para recibir nuevos reos. Así, se indica que las comisarías del distrito Capital siguen alojando detenidos por encima de su capacidad edilicia. Hay unos 350 detenidos en lugares preparados para 180 personas. Sin embargo, la superpoblación no es el único problema, ya que la mayoría de las dependencias tienen serios problemas edilicios y de hacinamiento. Por ejemplo, en la Comisaría seccional 13ª hay 38 personas en una celda que está habilitada para 15.
El año pasado, los fiscales Adriana Giannoni y Diego López Ávila habían solicitado al Poder Ejecutivo acelerar las medidas necesarias para concretar el traslado de preso alojados en las comisarías a la cárcel, en pos de garantizarle al condenado, condiciones de seguridad y de preservación de la dignidad humana. Pero eso no se pudo concretar en los términos planteados porque No hay lugar; o mejor dicho, no hay tantos lugares. Claro, hay que ver que el penal de Villa Urquiza se inauguró en 1927 y hoy, en esos pabellones, hay hasta siete u ocho veces más presos que cuando fue creada.
Según Gianonni, desde hace varios años, desde las fiscalías, presentaron al Gobierno notas denunciando la situación de los presos en las comisarías, a lo que le contestaban que estaban construyendo nuevas alcaidías, que ya lo iban a resolver, pero la realidad era otra. Las presentaciones se repitieron en enero y en marzo de 2013 y en marzo de 2014, pero todo siguió igual, con respuestas esquivas y falsas promesas. El octubre de 2014, el secretario de Seguridad Ciudadana Paul Hofer anunciaba que se había concretado un convenio con la Nación para la construcción de una nueva alcaldía en el Penal de Villa para alojar 400 personas, pero no se hizo y hoy, después de tres años, sale la Secretaria de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse, a culpar a la Nación por la falta de aporte de fondos, para que la provincia haga la obra que no hizo en tiempos de “vacas gordas” y que ya tendría que estar concluida.
Doce años gobernando un mismo partido político y no pudieron avanzar en materia carcelaria porque hubo desidia, falta de interés y subestimación del tema. Era más fácil hablar de vulnerabilidad social, de hechos aislados, de “sensación de inseguridad” para no ocuparse del tema. O bien, tener a los delincuentes más peligrosos hacinados en las comisarías o mandarlos a sus casas que “gastar” en ampliar la cárcel o construir una nueva para darle al pueblo la seguridad necesaria que se merece. Esa seguridad, que hoy no existe, que los desvela a los encargados del área porque la situación no da para más, y avanza y avanza…