La llegada de una segunda ola de contagios en el marco de la pandemia del coronavirus es algo que preocupa al Gobierno, no solo por las consecuencias sanitarias que podría generar esa situación, sino también por el plano económico.
Cuando en 2020 se decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), el Poder Ejecutivo decidió implementar varios programas de asistencia estatal, entre los que estaban el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).
Planes de ayuda
Una vez que las medidas de restricción se fueron flexibilizando, el primero de esos planes desapareció, mientras que el segundo fue reemplazado por uno similar denominado de Recuperación Productiva (REPRO), que ya va por su segunda edición y tiene como objetivo ayudar a las empresas a pagar el sueldo de sus trabajadores.
Sin embargo, ya a mediados de enero último el Gobierno analizó la posibilidad de poner en marcha una versión acotada del IFE y del ATP, con montos y alcances más cortos, pero esa iniciativa no prosperó.
Muchos beneficiarios
Arroyo precisó que previo a la llegada del COVID-19 a la Argentina había “8 millones de personas que recibían asistencia alimentaria”, pero que después esa cifra aumentó “a 11 millones y hoy estamos parados en 10 millones porque la gente ya puede hacer changas, pero no le rinde la plata”.
fuente: infobae