La expresión le pertenece al célebre escritor ruso Fiódor Mijáilovich Dostoyevski, en relación a lo que implica el tratamiento a los presos en una sociedad que pretende superar las miserias de aquellos que delinquen. No se aplica al sistema carcelario provincial en donde los presos que denunciaron venta de drogas fueron muertos o viven bajo amenaza, sin que los responsables de evitar el narcotráfico hagan algo por cambiar.
La situación dentro del Penal de Villa Urquiza dista de la finalidad de reinserción social que debería tener. La venta de droga dentro del penal es uno de los hechos que fue denunciado por propios reclusos, que pagaron con su vida tal osadía, mientras que otros se encuentran en grave peligro, a pesar de las directivas de preservar su integridad física.
La última muerte en el penal de Villa Urquiza, que acrecentó la crisis del sistema penitenciario de la provincia fue la de José Manuel Orellana, de 26 años, quien fue agredido con arma blanca cuando se encontraba junto a otro reo en las unidades 1 y 2.
El estado delicado de salud de los internos, luego del ataque, alertó a la red de seguridad del establecimiento penitenciario y al sistema de emergencia. Ambos fueron trasladados hasta el hospital Avellaneda para ser asistidos.
Orellana, fue trasladado luego al hospital Centro de Salud debido a su complicada condición. Allí ingresó a la sala de quirófano en esta delicado, pero minutos después de las 10 se confirmó el deceso del preso.
El segundo herido, identificado por la Policía como Marcelo Miguel Paz, de 32 años, fue trasladado nuevamente hacia Villa Urquiza con alta ambulatoria.
Según la información que dieron desde el Gobierno, se habría tratado de una pelea entre ambos internos, quienes cumplían condenas por robo agravado en la cárcel.
La agresión se produjo en el horario en que los internos se presentan ante el control de seguridad de cada unidad del penal. Además, el hecho ocurrió en el Anexo donde permanecía Sebastián Medina, quien fue asesinado el 22 de noviembre pasado. Ese día, el joven, de 31 años, fue atacado por Alejandro “Pichi” Mendoza en el patio de recreo de ese sector.
Medina y otro interno estaban considerados testigos protegidos, tras denunciar la venta de drogas en la cárcel, vinculando a varios guardiacárceles. Luego, los dos hombres fueron trasladados a la comisaría 7ª por seguridad. Sin embargo, tiempo después se tomó la decisión de que sean transportados otra vez a Villa Urquiza, aunque hasta ahora no se conoció una orden judicial o una resolución oficial. En el entorno familiar insistieron en que se trata de una asesinato “por encargo” debido a las denuncias.
Una investigación penal
A partir del homicidio de Medina, la fiscala Adriana Giannoni inició una investigación en el ámbito del fuero penal para resolver el caso. En esa línea, imputó bajo distintas figuras a funcionarios de la Dirección de Institutos Penales de la provincia. Entre ellos, Guillermo Snaider, el director del organismo, fue imputado por desobediencia judicial, al considerar que no acató la orden de proteger a Medina y a su compañero, como lo había determinado el juez de Ejecución y Sentencias, Roberto Guyot, y por incumplimiento de los deberes de funcionario público, al no investigar la tortura que sufrió Medina antes de ser asesinado.
Cambios en el área
Al avance del proceso judicial se le sumaron los cambios en el servicio penitenciario. El Ministerio de Seguridad anunció el jueves último las designaciones de Néstor Hugo Juárez, comisario general retirado de la Policía, como nuevo director de la cartera, y el comisario retirado del servicio penitenciario, Juan Carlos Argañaraz. Sin embargo, las nuevas designaciones no dejaron tranquilos a los familiares de algunos presos, que temen que la cuestión se transforme en una verdadera guerra narco dentro del establecimiento carcelario.
Paralelamente, el fiscal federal Pablo Camuña lleva adelante una investigación por tráfico y ventas de estupefacientes en el interior de Villa Urquiza.