Por Manuel Rivas – Desprecio por la vida de los vecinos | Así podría calificarse tranquilamente la actitud que asume el intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, cuyos actos de gobierno nunca le generan responsabilidad por las muertes que ocurrieron en diversos siniestros.

El silencio de radio

Es eso o las argumentaciones vacías de los funcionarios. Al punto que ya suele ser una marca registrada en el gobierno de la “Ciudad Jardín” en los últimos cuatro años, con la llegada de Campero al Departamento Ejecutivo Municipal.

En el caso del puente sobre el Río Muerto, en donde falleció el empleado de una constructora privada, Jorge Ariel Barrionuevo, por desmoronamiento de un terraplén, hay voces que señalan como causa la excesiva extracción de áridos.

Una vez conocida la tragedia, hay quienes señalan la negligencia de controles sobre este tipo de actividades, tanto desde la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) como de la municipalidad de Yerba Buena.

Una causa penal

En el primero de los casos, cabe aclara que el Río Muerto atraviesa en su cauce superior y medio un extenso territorio que es propiedad de la UNT.

Justamente existe una causa penal en la Justicia Federal, según lo expresó el fiscal general, Antonio Gómez, un especialista en delitos ambientales.

El funcionario judicial recordó que la causa que se encuentra en investigación se refiere justamente a la extracción de áridos en el cauce del Río Muerto.

“El rector de la Universidad Nacional de Tucumán (José García) tiene en claro que la extracción de estos áridos en el territorio propio de la UNT está prohibida. La verdad es que no hace falta ser técnico o ingeniero para ver las consecuencias de cómo se van erosionando las laderas de los ríos cuando la ampliamos a partir de la extracción de los áridos. En este momento sobre el río Muerto tenemos una causa penal en trámite que inicié”, expresó el fiscal Gómez en una entrevista radial.

La UNT debiera estar al tanto de lo que ocurre dentro de su territorio y propiedad de su exclusiva responsabilidad. Observar maquinarias y camiones llevándose los áridos del río no debe ser una tarea compleja, al menos según lo que dice el sentido común.

Campero, “el gallito ciego”

La otra cuestión pasa por la falta de control de la municipalidad de Yerba Buena. Si los inspectores de Tránsito no detienen a los camiones que se llevan los áridos del Río Muerto para ver si cuentan con las autorizaciones y permisos correspondientes, es absoluta negligencia del gobierno municipal.

Más si se trata del cauce de un río que deriva las aguas del cerro y que, en muchas oportunidades, generó inundaciones e inconvenientes a los vecinos de Yerba Buena.

Mariano Campero parece estar jugando al “gallito ciego”, porque tiene una venda en los ojos y sólo se maneja con el tanteo de quien no puede ver o, más bien, de quien no le conviene ver para no hacerse cargo de los problemas que genera su inoperancia en el control de este tipo de situaciones.

Una mudez acentuada

Pero el intendente no sólo se muestra ciego ante lo que ocurre ante sus narices, sino que también se muestra mudo, porque no ha dado explicación alguna y trató de que este suceso ocupara las noticias policiales de algunos medios amigos, teniendo en cuenta la trágica muerte del infortunado empleado de esa constructora privada.

Otros, los que se atreven a pensar mal, ensayan otros argumentos como el de la vinculación de Campero con aquellos que se benefician con la extracción de los áridos.

Pero para que ello se instale nuevamente hay que desempolvar viejas denuncias judiciales sobre este mismo problema, que viene siendo advertido por vecinos, activistas ambientales e incluso concejales de Yerba Buena.

Otras muertes y daños colaterales

Se le podría dar a Campero, sin embargo, el principio de la duda, la inoperancia o la inocencia al actual intendente, reelecto en su cargo por cuatro años más. Aunque la acumulación de negligencias lo condena.

Vale recordar la muerte de un niño de cinco años, cuando un vetusto árbol se desplomó sobre el transporte que lo llevaba a la escuela. Podría haber sido un hecho infortunado e imprevisible, pero en la página habilitada por el mismo municipio para las quejas, existía la inquietud respecto a la peligrosidad del árbol, sumada a notas elevadas al gobierno municipal, que no hizo nada hasta que ocurrió la desgracia.

Tampoco Campero se hizo cargo de las consecuencias que le generó la caída de ese árbol a las personas que resultaron heridas y con secuelas permanentes.

Los mal llamados reductores de velocidad

Igual actitud asumió con los aparatosos reductores de velocidad o lomos de burro ubicados en distintos puntos de la avenida Presidente Perón.

Allí perdió su vida Bruno Rubén, un camarógrafo que regresaba de trabajar en un evento social en su moto. Perdió el control y murió.

No sólo el intendente se hizo el desentendido con el siniestro, sino que le ofreció ayuda a la esposa de la víctima para que no reclamara judicialmente contra el municipio. Una verdadera vergüenza.

Son muchas manchas para un tigre que va camino a convertirse en una pantera negra.

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