Lo habían denunciado en la campaña de 2015 argumentando supuestas irregularidades en sus declaraciones de bienes cuando gobernaba en la Ciudad.
Mauricio Macri cerró el viernes la que probablemente haya sido su mejor semana desde que asumió en diciembre de 2015. Al menos así lo afirmaban en el Gobierno, incluso horas antes de que la Justicia dictara su sobreseimiento en la causa en la que se lo investigaba desde hacía dos años por enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y por falsear su declaración jurada.
La resolución firmada el viernes por la jueza Elizabeth Paisan, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 20; alcanza también a Nicolás Caputo, el mejor amigo del Presidente y cónsul de Singapur. Una curiosidad: días atrás, antes de las Legislativas, la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 41 Silvana Russi ya se había expedido pidiendo el sobreseimiento de ambos, pero su dictamen no trascendió.
Casualidad o causalidad, la investigación también se había originado a días de una elección, en septiembre de 2015, a partir de una denuncia penal presentada por un particular, el abogado Darío Antinori; y a ella se habían sumado otras presentaciones, de la flamante diputada electa K Gabriela Cerruti, realizadas a a apenas semanas de la Presidencial.
Tanto Antinori como Cerruti habían pedido que se investigaran las presuntas irregularidades e inconsistencias entre las distintas declaraciones juradas de bienes de Macri durante su gestión como jefe de Gobierno y la que presentó -de 2014- ante la Oficina Anticorrupción, en virtud de su candidatura presidencial.
Cerruti había denunciado un presunto enriquecimiento ilícito y si había incurrido en una “omisión maliciosa”. También reclamó que se lo investigara por “negociaciones incompatibles con la función pública” y sugirió “revisar los préstamos otorgados al empresario Caputo”. Por último, en el marco del caso Panamá Papers, amplió su presentación por considerar que Macri no había informado su participación en las sociedades offshore.
La jueza Paisan se apoyó en el dictamen de la fiscal Russi. que determinó que “nunca existió por parte del imputado la intención de omitir maliciosamente sus bienes” y expuso “que la totalidad de su patrimonio se encuentra declarado“. Paisan concluye: “Las discrepancias obedecieron a los distintos criterios de carga que manejan los organismos receptores (AFIP y OA)”.
Paisan también descartó que Macri hubiera beneficiado a Caputo: “La imputación carece de sustento. No se acreditó que hubiere llevado a cabo actos destinados a favorecer a Caputo en las contrataciones con sus empresas”.
Respecto a la omisión de declarar su participación en las empresas offshore, Paisan se remite al fallo del juez de primera instancia en lo Civil Andrés Fraga, que declaró que Macri “no fue socio ni accionista” y que “no percibió dividendos ni ganancias” de las firmas. Y también valida una presentación, hecha por Francisco Macri, padre del Presidente, que admitió “que designó a sus hijos como directores de empresas sin ponerlos al tanto de ello“, algo que avalado en algunos países. Para la magistrada, entonces, resulta “irrazonable exigirle que informara un cargo que desconocía por completo”.
Vale el repaso: Paisan es la magistrada que apareció mencionada en el cuaderno que fue usado como registro de pago de coimas por el comisario Norberto Villareal y que incriminó al ex jefe de la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar.