Era una de las investigaciones que buscaban demostrar el lawfare contra el kirchnerismo. Un fallo descartó que el delito hubiera existido. Los jueces que dijeron haber recibido presiones no lo denunciaron cuando tenían la obligación de hacerlo como funcionarios.
La causa por la llamada “mesa judicial”, que fue impulsada para investigar si el gobierno de Mauricio Macri presionó a jueces para lograr fallos favorables o castigar a aquellos que firmaban resoluciones adversas y se convirtió en uno de los ejes discursivos de la hipótesis de lawfare del kirchnerismo, está a punto de quedar en la nada.
Es que el expresidente Mauricio Macri, el exministro de Justicia Germán Garavano, su asesor Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y varios de sus exfuncionarios fueron sobreseídos por entender que nunca existió delito y que, a lo largo de cuatro años, no se encontraron pruebas que sustentaran esa hipótesis, revelaron a Infobae fuentes judiciales. Para los denunciados, todo se trató de un discurso articulado frente a funcionarios del kirchnerismo que tenían problemas en la Justicia. Sin nombrarla, aludían a Cristina Kirchner.
El fallo, que fue firmado hace unas semanas pero hasta ahora no había trascendido, estableció una serie de puntos clave: el principal es que los jueces o funcionarios que fueron supuestamente presionados nunca hicieron la denuncia en aquel momento, pese a que estaban obligados en su calidad de funcionarios públicos. Además, cuando fueron a declarar, afirmaron que no se habían sentido afectados ni habían torcido sus decisiones judiciales por las causas en las que intervenían.
“Esta cuestión no es menor, por cuanto no se trata aquí de víctimas legas, que años después de un evento traumático podrían resignificar vivencias delictivas para aportar sus versiones a la justicia. Se trata aquí de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, que no solo se presume conocen el derecho y, por lo tanto, pueden mínimamente distinguir un accionar delictivo de aquel que no lo es, sino que, además, cuentan con la carga pública de denunciar ante la existencia de un delito como tal”, sostuvo el fallo firmado por la jueza María Eugenia Capuchetti.
Es más, afirmó Capuchetti, “tampoco se advierte que los magistrados (independientemente de que no hayan denunciado), se hayan apartado de los expedientes que presumiblemente motivaban las presiones, a fin de garantizar su imparcialidad”. Todo este escenario “evidencia que no fueron influenciados de manera indebida o que las presiones no tuvieron un impacto significativo en sus decisiones”.
Pero el fallo también advirtió que las investigaciones abiertas en el Consejo de la Magistratura no podían ser consideradas como un factor de presión porque desvirtuaría la interpretación sobre los resortes establecidos para evaluar la labor de magistrados. “De lo que no hay dudas es que funcionarios allegados al gobierno de ese entonces efectivamente formalizaron denuncias contra los magistrados. (Pero) las presentaciones por faltas disciplinarias presentadas ante el Consejo de la Magistratura, así como las acciones y decisiones de los consejeros encargados de investigar y resolver estas denuncias, no deberían ser vistas como una amenaza inminente para el funcionamiento adecuado de las instituciones”, enfatizó.
fuente: infobae