Desde el Ministerio Público Fiscal se informó que a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Complejos I, a cargo de Mariana Rivadeneira, se solicitó la prisión preventiva por el término de 1 año, a contar desde su dictado, para los 11 integrantes (seis mujeres y cinco varones) del clan familiar denominado “Los Juanes”, debido a que todos tienen ese apellido. El pedido fue elevado al Juzgado de Instrucción II, a cargo de Facundo Maggio, “por resultar presuntos coautores voluntarios y responsables de los delitos de asociación ilícita en concurso real con estafas reiteradas”.
La megacausa “Comunidad Gitana” se enmarca en las políticas de lucha contra el delito y pacificación de las diferentes comunidades, delineadas por el ministro fiscal, Edmundo Jiménez. En ese sentido, la especialización de las fiscalías permitió acumular las diferentes denuncias y luego de cuatro meses de investigación se realizaron, semanas atrás, 43 allanamientos simultáneos en San Miguel de Tucumán, Río Seco, Alderetes, Famaillá y Monteros, produciéndose el secuestro de decenas de camionetas, camiones y otros rodados, documentación, dinero y armas de fuego. El éxito obtenido fue el resultado de las tareas conjuntas de los investigadores judiciales y policiales.
Muchos estafados
“Hemos realizado un megaoperativo que responde a una investigación de varios meses, donde hemos recolectado numerosos elementos. Los resultados han sido buenos y esto significa que todas las fiscalías investigan hechos vinculados, es decir, comparten la información de delitos comunes. Debemos reconocer el trabajo de los fiscales, el ECIF y la policía de la provincia”, explicó el titular del Ministerio Público Fiscal.
La modalidad
Rivadeneira expresó en el escrito que los imputados: “… previo acuerdo de voluntades destinado al fin común de cometer estafas, consistentes en engañar y captar posibles interesados, preferentemente residentes en otras provincias, en la compraventa de vehículos, fue que se organizaron, distribuyéndose las tareas y el papel a cumplir por cada uno de ustedes”.
Otros roles
En tanto que: dos personas, un hombre y una mujer, y un abogado cumplían el rol de gestores, encargándose de demorar la documentación referida a las supuestas transferencias de los vehículos, logrando que éstas jamás se concreten…”
Sobre el abogado, la Fiscalía sostuvo que otorgaba: “… con su intervención una aparente legalidad al negocio, ya que éste, cuando la víctima exigía documentación o indagaba sobre la legalidad del negocio, el letrado se encargaba de darle la apariencia lícita y regular con documentación e informes de organismos de control”.
Otros abogados
En causa también aparece involucrado otro abogado, sobre el cual es escrito de la fiscalía admite que: “…era el encargado de efectuar las averiguaciones y gestiones judiciales tendientes a evitar o entorpecer el inicio de las causas iniciadas por las víctimas, una vez engañadas, efectuaban en la dependencia policial o fiscal, a fin de asegurarles el éxito de las maniobras estafatorias, manifestándoles a los miembros de la comunidad gitana que él podría obtener beneficios en dichas causas en trámite en virtud de una vinculación con funcionarios de este poder judicial -jueces y fiscales- con quienes jugaría al fútbol”.
Más datos
Según lo expresado en el pedido de prisión preventiva emitido por la fiscalía, para llevar adelante las estafas con la compraventa de vehículos, la organización realizaba publicaciones en: Mercado Libre, Marketplace, Facebook, Alamaula, OLX y el diario El Liberal de Santiago del Estero.
En tanto, en la etapa de instrucción se estableció que: “Todas las sumas de dinero abonadas por las víctimas a los imputados totalizan un monto aproximado de $ 6.897.150 y u$s 40.300, además de los vehículos dados en pago”.
fuente: mpf