El padre adoptivo viajó a Bahía Blanca desde San Martín de los Andes para entregar a los dos menores ante autoridades de minoridad.
“¿Cuando vuelve papá?”, repetían una y otra vez unos mellizos africanos de 6 años que fueron abandonados por su padre adoptivo en una comisaría de Bahía Blanca.
En un acto cruel y desalmado, y sin importarle que los menores hayan compartido casi un año y medio junto a él, su esposa y su hija biológica de 11 años, el hombre no dudó en dirigirse hasta la Comisaría de la Mujer y la Familia de Bahía Blanca, de donde es oriundo, para solicitar que algún organismo provincial de la niñez se hiciera cargo de ellos.
El hecho, que ocurrió el martes 17 de noviembre, fue dado conocer por la licenciada en Trabajo Social Letizia Tamborindeguy y otros dos integrantes del Equipo Interdisciplinario de esa comisaría bahiense. Ahora, los niños se encuentran en un hogar de abrigo en busca de una familia sustituta.
El matrimonio había viajado a Guinea Bissau en agosto de 2019 con los trámites iniciados en aquel país para la plena adopción de los chicos tras llevar varios meses de contactos por videollamadas periódicas para generar el vínculo de familiaridad.
Una vez instalados en Bahía Blanca, los chicos fueron escolarizados y comenzaron a participar en actividades deportivas y sociales.
En febrero de 2020 la familia se mudó a San Martín de los Andes y los padres mostraban, en sus redes sociales, vivir una vida normal junto a los nuevos integrantes del grupo familiar.
Pero la semana pasada, el padre adoptivo viajó a Bahía Blanca desde la localidad neuquina para entregar a los dos menores ante autoridades de minoridad.
Tras narrar la entrega de los chicos y señalar la incertidumbre sobre su situación, los funcionarios calificaron con duros términos la actitud de ambos padres adoptantes respecto a los chicos y el trato que les dieron.
“Luego de hacer alardes mediante las redes sociales de lo excelentes personas que son al adoptar a dos niños africanos, se cansan de ellos, viajan desde San Martín de los Andes para entregarlos a una institución policial como si fueran un paquete o carga, quedando los niños a la espera de que “papá vuelva a buscarlos” (sic), siendo ello un acto inhumano, cruel, discriminatorio, racista y totalmente perjudicial para los niños”, aseguran en el escrito.
Según consta en la denuncia policial, a los menores se les cambió el nombre en el país de origen –de acuerdo al gusto de sus padres adoptivos– y ni siquiera tienen Documento Nacional de Identidad (DNI) provisorio ni de residencia.
El matrimonio, en tanto, tampoco presentó los documentos que acrediten que la adopción haya completado todos sus pasos legales en el país africano y –siempre según las averiguaciones del Equipo Interdisciplinario– los pasaportes de los chicos no contienen sus identidades originales sino con los nombres de pila que eligieron los adoptantes y con el apellido del padre adoptivo.
Además, ninguno de los pasaportes de los mellizos tiene registrada la fecha de ingreso a la Argentina. Sólo consta el sello de la salida de Guinea Bissau.
Para los denunciantes, la actitud del padre constituye maltrato infantil, y señalan que llegó a la dependencia policial “sujetando a los menores de ambos brazos y, sin ningún miramiento, informarnos que es su deseo entregar a los niños, desentendiéndose totalmente de las obligaciones paternas de cuidar, convivir, alimentar y educar a sus hijos”, además de la cosifación que hace de los menores”.
Los funcionarios consideran que en este caso se violaron los derechos de los niños al constituir un caso de maltrato infantil y una forma de violencia que tendrá consecuencias inmediatas y también en el futuro desarrollo de los pequeños.
Por eso solicitaron varias medidas para determinar la situación legal de la adopción de los hermanos, si la Dirección de Migraciones registró su ingreso al país, y se compruebe la autenticidad o no de los documentos presentados por los adoptantes.
La denuncia fue elevada al Juzgado de Familia, al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), y los servicios sociales zonales, con sede en Bahía Blanca. A raíz de la denuncia tomó intervención el fiscal Marcelo Romero Jardín.