En el marco de la investigación que se inició, desde Casa de Gobierno se dieron a conocer las reparticiones en las que se desempeñan los empleados a los que se les inició el sumario.
El marco de la investigación -ordenada por el gobernador Osvaldo Jaldo– que el Gobierno de Tucumán inició para conocer cuántos y quiénes eran los empleados públicos que cobraban el plan “Potenciar Trabajo”, desde Casa de Gobierno se dio a conocer el listado de reparticiones en las que se desempeñan los empleados investigados.
Del total de empleados en los que se detectó la irregularidad, 230 pertenecían a la UNREL quienes ya habían sido dados de baja. Los restantes agentes fueron intimados para que respondan sobre su situación.
La lista incluye 238 empleados de comunas; 126 de municipios; 24 de Desarrollo Social; 68 de Seguridad, 63 de Salud; 163 de Educación; 3 de Gobierno; 40 de Obras Públicas; 3 de Economía; y 4 de Secretaría General de la Gobernación.
Con respecto al listado, se a ha intimado a 726 para que aclaren su situación; y se desvinculó por diversas circunstancias a 19 de distintas reparticiones. En tanto que de 707 empleados activos intimados, 349 han presentado un descargo en la Dirección de Recursos Humanos.
Luego de los descargos, desde el 22 de enero se ha iniciado sumario administrativo a 49 empleados de la Administración Central; de la misma manera que a empleados descentralizados, entes autárquicos, comunas y municipios.
En el caso del personal policial o penitenciario, los descargos fueron enviados al ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y del total, ya respondieron 64.
Finalmente, del total de casos de Educación son 70 docentes y 93 no docentes. La semana pasada venció el plazo para presentar el descargo a los docentes, en tanto que los sumarios no docentes se iniciaron esta semana.
Dicha medida tuvo origen en información que brindó el propio Gobierno de Tucumán al fiscal Guillermo Marijuan, quien, en el marco de la investigación preliminar que lleva adelante, detectó irregularidades en 956 agentes de la Administración Pública local.
Esta situación derivó que el Gobierno Nacional suspendiera el cobro del plan de los involucrados hasta tanto se estableciera la eventual incompatibilidad. La normativa del Potenciar Trabaja es detallada y minuciosa, incluyendo algunas situaciones específicas de compatibilidad entre el empleo formal y la asignación del plan.