La ministra de Capital Humano anticipó que el plan destinado a la compra de alimentos tendría una suba del 50 por ciento, mientras que para la Asignación Universal por Hijo (AUH) representaría el 100 por ciento.
El Ministerio de Capital Humano formalizó los aumentos de los montos destinados a los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar, una política derivada del plan nacional “Argentina contra el hambre” que fue creado en 2021 con la finalidad de garantizar el acceso de los sectores más vulnerables de la población a los productos que componen la canasta básica de alimentos.
La medida había sido anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, como parte del plan económico impulsado que tiene por objetivo estabilizar la economía por medio de la eliminación del déficit fiscal. “Por esta situación de emergencia vamos a complementar las medidas. Lo que vamos a hacer es duplicar la Asignación Universal por Hijo y aumentar en un 50% la Tarjeta Alimentar”, explicó el titular de la cartera durante una comunicación oficial.
Por medio de la Resolución 3/2023 publicada en el Boletín Oficial, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, confirmó que los aumentos comenzarán a percibirse a partir de enero de 2024. De esta manera, los ciudadanos que perciban una Asignación Universal por Hijo o una Asignación Universal por Hijo con Discapacidad por estar al cuidado de un menor de 0 a 14 años, una Asignación por Embarazo o una Pensión para madre de 7 o más hijos/as pasarán de cobrar $22.000 a un total de $33.000.
Potenciar Trabajo
En cuanto al plan Potenciar Trabajo, el ministro de Economía anunció que éste se mantendrá de acuerdo a lo dispuesto en el presupuesto 2023, es decir, que el monto seguirá siendo de $78.000. Además, el funcionario público indicó que se prevé que haya recortes en términos reales, debido a que el aumento de la inflación terminaría por licuar el poder adquisitivo de estos ingresos.
Por otro lado, Pettovello comunicó en su primer mensaje grabado y difundido por el canal de Youtube de Casa Rosada que se realizará una auditoría de los beneficiarios actuales, debido a que se buscará eliminar que los movimientos sociales funcionaran como intermediarios entre estos y el Estado. Asimismo, evitarían que las organizaciones pudieran amenazar a los ciudadanos con realizar altas y/o bajas de los planes sociales.
fuente: infobae