En la Dirección de Comercio Interior, el secretario de Gobierno, Leopoldo Rodríguez, y el subdirector de la repartición, Hugo Rubio, mantuvieron una reunión con el presidente de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Tucumán, Guillermo Saccomani, y el titular del Centro de Industriales Panaderos, Pablo Albertus, para trabajar en campañas informativas y acciones que beneficien a las personas que obtengan la tarjeta alimentaria.

“Tanto los supermercadistas como el sector de los panaderos tienen la inquietud de darle al consumidor un beneficio extra. Si bien está siendo estudiado, hay que considerarlo como positivo”, destacó el secretario de Gobierno.

Rodríguez indicó que el Ejecutivo a través del área de Comercio pondrá a disposición del usuario las herramientas necesarias para el consumidor. “La Tarjeta Alimentaria se convierte en una ayuda muy importante para la sociedad. Es una inyección económica extra. Es un monto de dinero que ingresa a la provincia para favorecer al comercio y al tucumano”, analizó.

Por su parte, Rubio dijo que esta iniciativa es producto de un trabajo en conjunto desde los ministerios de Gobierno y Justicia y Desarrollo Social para la implementación de la tarjeta alimentaria. “Buscamos beneficios extras para las personas que obtengan el plástico” y agregó que desde la DCI se enfocarán en el control de los comercios para que no cometan prácticas abusivas.

Buscan favorecer al tenedor de la tarjeta

En ese sentido, Saccomani anticipó que, con los integrantes de la Cámara están estudiando la forma de favorecer a las personas que obtengan la tarjeta. “La idea es que se sumen más comercios. Venimos sufriendo bajas en las ventas y es importante que todos participen en esta iniciativa”.

“Estamos consensuado qué otras bonificaciones se pueden brindar a las personas que tengan la tarjeta. Todo con claridad para no confundir, desde el sector gestionamos para que no suceda”, agregó Albertus.

Para tener en cuenta

“Una vez realizado el lanzamiento -12 de febrero- en la provincia vamos a informar a la población: que son las cosas que puede hacer el comerciante y cuáles son los derechos del consumidor”, dijo Rubio.

En ese sentido el subdirector de la DCI aconsejó:

Los comerciantes no pueden cobrar una diferencia de precio si paga en efectivo o con el plástico.
Los comerciantes no tienen que obligar al consumidor a comprar el total del monto que está depositado en la tarjeta alimentaria, no hay un máximo ni mínimo de compra.

Los comerciantes deben brindar a los consumidores información de los productos que puede adquirir no obligar a comprar alguno en particular.

Con la tarjeta alimentaria no se puede extraer dinero.

Rubio comentó sobre un caso que se detectó en la provincia de Entre Ríos: “un beneficiario con un total de $4 mil pesos para consumir fue a un comercio y el propietario le daba $3 mil en efectivo”. En ese sentido explicó: “es una práctica abusiva que están penadas en defensa del consumidor y a los cual el organismo pertinente tomará los recaudos y aplicará sanciones correspondientes en el caso de detectarlas”.

Cualquier beneficiario que detecte una irregularidad puede acercarse a las oficinas de la DCI -9 de Julio 497- para realizar la denuncia o comunicarse al 4525080/81.

“Esta iniciativa encomendada por la ministra de Gobierno y Justicia –Carolina Vargas Aignasse– es para beneficio del consumidor. Siempre que desde la DCI lleguemos a un acuerdo con las diferentes Cámaras y sea para el consumidor, es un logro desde el punto de vista gubernamental”, cerró el subdirector de la repartición.

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