“Telar de la Abundancia”: por qué es un delito aunque no se estafe a nadie

Es cínico, estúpido o de ensueño: nadie sensato podría creer que si le da su dinero a otra persona -ni siquiera a una empresa, a una compañía, a una financiera, a otra persona o grupo- ese dinero milagrosamente se multiplicará. Hay quienes creen, depende de cómo se cuente esa mentira, con qué se revista, glamour capitalista, crochet hippie, lo que venga.

La “Flor de la Abundancia”, el esquema Ponzi popularizado en 2016 a través de redes sociales a partir del gráfico de una flor en donde los aportantes del dinero eran los pétalos y el núcleo de la flor misma es el receptor e ideólogo que se enriquece, se trataba de precisamente eso: una mesa de dinero detrás de un gráfico.

Se prometían recuperaciones milagrosas de las inversiones, retornos con intereses y pocas explicaciones: uno recupera lo que entregó y más. Su popularidad había motivado una fuerte alerta de la PROCELAC en octubre de ese año. El ala de la Procuración dedicada a combatir el lavado de dinero y delitos financieros afirmaba en un comunicado: “Dado que el dinero ingresado no se destina a ninguna actividad que de por sí produzca utilidades, la posibilidad de obtener la ganancia prometida depende exclusivamente del ingreso de nuevos participantes”.

Esto, precisamente, es el núcleo del esquema Ponzi, ideado por el estafador italiano Carlo Ponzi, muerto en Río de Janeiro en 1939: la plata de la próxima víctima se usa para pagar a la anterior al no haber un negocio solvente que genere fondos para pagar estos intereses, mucho menos en la tasa que se propone.

La “Flor” tenía cierto discurso, un sentido un poco místico de pertenencia: sus reclutadores hablaban de “consentimiento” y “hermanos y hermanas”, una textura New Age que prometía hasta un 700% u 800% de multiplicación de las ganancias. Dividía su esquema en varios pasos, definidos por los elementos de la naturaleza: fuego, tierra, viento y agua, roles que ocupaba la víctima o aportante y donde se debía reclutar nuevos aportantes para finalmente recibir.

Hoy, la “Flor” se reinventa. Se llama “Telar”, “Mandala”, “Fractal”. No es otra cosa, es el mismo esquema, mismo mecanismo. Sus nuevos reclutadores se alejan de páginas abiertas de Facebook para captar en privado, apuntan a estudiantes universitarias, profesionales, cierta pequeñoburguesía. Hablan de grupos de mujeres, se aprovechan del discurso feminista, aseguran que el mecanismo es una alternativa al capitalismo del patriarcado. Pero es lo mismo de siempre. Alguien, al fin y al cabo, tiene que sufrir. No hay cartera de inversiones, no hay emprendimientos que generen, nada.

La mayor acusación contra un presunto esquema Ponzi en la historia argentina se centra en Hope Funds, la empresa presidida por Enrique Blaksley, hoy preso en el penal de Ezeiza. A través de Hope Funds, y con una trama de más de 60 sociedades offshore que llegaron hasta los Panama Papers, Blaksley ofreció a inversores retornos casi mágicos de más del 10%, mucho menos que la “Flor”, si es que le daban su dinero, amparado en negocios como el Buenos Aires Design y el Hard Rock Café, con el logo de su empresa en la camiseta de La Dolfina de Adolfito Cambiaso en la campaña más triunfal de su historia, como sponsor de las visitas de Usain Bolt, Roger Federer y Venus y Serena Williams.Llegó al Vaticano. Dos pontífices consecutivos lo recibieron, Benedicto XVI y Francisco, mano a mano.

Hoy, la fiscal Alejandra Mangano espera la firma de la jueza María Romilda Servini luego de haber elevado a juicio a Blaksley por los delitos de lavado de activos y estafa. Hubo más de 300 damnificados que se presentaron en el expediente. Se estima un daño total de 1500 millones de pesos.

Pero Hope Funds, a pesar de su destino, algo tenía: sociedades y cuentas, algunas inversiones, una estructura legal para sus presuntos fines ilícitos. Y, para empezar, una autorización para operar, un registro. Lo perdió a comienzos de 2017, cuando la Comisión Nacional de Valores le prohibió tomar dinero y hacer negocios. 

“El Telar” es insolvencia pura. No tiene nada de esto. Ni siquiera una autorización, en todas sus células y grupitos, sus mesas de dinero, una “circulación informal de dinero entre conocidos”, aseguró un artículo de opinión reciente publicado en un medio estatal. Y ahí está el problema. Una experimentada fiscal dedicada a perseguir delitos económicos asegura: “Aunque no se estafe a nadie, todavía es delito. Nadie puede captar ahorros públicos sin autorización”.

El viejo instructivo de la PROCELAC elevaba un punto clave. “La captación pública de dinero para su colocación en inversiones es una actividad que en nuestro país requiere autorización de las autoridades competentes (como el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores), quienes controlan el funcionamiento de las entidades a efectos de proteger contra fraudes y abusos”, aseguraba.

“El Telar”, “El Mandala”, o como se lo quiera llamar, viola a simple vista los artículos 309 y 310 del Código Penal que pena el delito de intermediación financiera no autorizada, por el que fueron procesados, por ejemplo, un grupo de cinco empresarios en Córdoba con una decisión de la Cámara Federal provincial en mayo de 2018.

El artículo 309 asegura que “será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa de dos (2) a ocho (8) veces el valor de las operaciones realizadas e inhabilitación especial hasta seis (6) años, el que por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realizare actividades de intermediación financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con autorización emitida por la autoridad de supervisión competente. En igual pena incurrirá quien captare ahorros del público en el mercado de valores o prestare servicios de intermediación para la adquisición de valores negociables, cuando no contare con la correspondiente autorización emitida por la autoridad competente”.

Es decir, esa “circulación informal de dinero entre conocidos”, si a un fiscal o a un juez o a un tribunal oral federal se le ocurre, puede terminar en la cárcel. 

Ya hay una mujer que fue detenida por la “Flor”, no por el artículo 309, sino por el delito de estafa, directamente no pagar. Fue en Chamical, La Rioja, en julio de 2016.Julieta Ruiz, según un cable de Télam, prometía multiplicar hasta ocho veces un aporte de 18 mil pesos. El fiscal del caso estima menos que hubo al menos 300 personas involucradas.

Sobre la nueva era de la “Flor”, otra experimentada fiscal apunta: “Llamala como quieras. Solo puede terminar en estafa”. 

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