Con el consentimiento de la víctima, el Ministerio Público Fiscal arribó a un convenio de juicio abreviado junto a la defensa de Luis Pablo Peinado (42), el hombre que protagonizó un temerario incidente el último 15 de marzo, mientras se llevaba a cabo una marcha convocada por movimientos sociales en Plaza Independencia. Pasó por allí a bordo de su moto, sacó una pistola, apuntó a varios manifestantes y los amenazó diciéndoles “yo voy a hacer que todos ustedes salgan de aquí”.
La Unidad Fiscal de Delitos Flagrantes II, dirigida por Ernesto Salas López, le imputó el delito de portación ilegal de arma de guerra, atenuada por ser tenedor autorizado, en concurso ideal con amenazas agravadas por el uso de armas en perjuicio de la seguridad pública y de una mujer. Durante la audiencia realizada este lunes, la auxiliar de fiscal Cyntia Bono relató la teoría del caso y presentó las evidencias recolectadas para probarla.
Entre los elementos probatorios están los secuestros de una motocicleta marca Bajaj; una pistola calibre 9 mm marca GLOCK, cargada con 15 cartuchos; dos credenciales de portación de armas vencidas; una credencial de tenencia; y una credencial de legítimo usuario. Por otro lado, el informe balístico concluyó que el arma era operativa y de funcionamiento normal, y que la misma califica dentro de las denominadas armas de guerra de uso civil condicional. Además del relevamiento de cámaras de seguridad y videos.
“Hemos demostrado que el imputado estaba en la vía pública portando un arma cargada, la cual extrajo de una riñonera para amenazar a la denunciante y a otros manifestantes”, sostuvo Bono, que precisó que “al momento del hecho, el arma era operativa y estaba en condiciones de uso inmediato”.
Además, afirmó: “Resulta claro que el acusado obró voluntariamente con dolo directo, es decir, con conocimiento del peligro para la seguridad pública y de la ilicitud de su proceder”.
Las partes pactaron la pena de tres años de ejecución condicional, bajo el cumplimiento de reglas de conducta durante el tiempo que dure la condena, como ser la prohibición de tener y portar cualquier tipo de arma o munición, realizar un curso sobre derechos y obligaciones ciudadanas, y someterse a un tratamiento psicológico.
A su vez, el hombre ofreció donar $ 50.000, que el Equipo de Coordinación de Políticas Reparatorias del MPF destinará al proyecto Construyendo Espacios de Trabajo para lograr la integración social del Proyecto Interinstitucional Escuela técnica N 1 de Ranchillos y Escuela Especial Alpi.