Tucumán es la segunda jurisdicción del país con mayor tasa de abortos en el sector público de salud desde que se legalizó la práctica, hace dos años.
La Ley 27.610 (Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo IVE) se sancionó el 30 de diciembre de 2020, y empezó a regir el 15 de enero de 2021, cuando se publicó en el Boletín Oficial.
De acuerdo a datos difundidos por el Ministerio de Salud de la Nación, a partir de ese momento y hasta septiembre del año que acaba de terminar se realizaron en todo el país casi 133.000 IVE en el sector público: 73.487 durante 2021; y 59.267 entre enero y septiembre últimos.
Tucumán hace podio
Durante ese período, Tucumán muestra una tasa de un 17,2‰ (por mil), según la cantidad de mujeres en edad fértil: un 9,4‰ durante 2021; y un 8,2‰ de enero a septiembre del año pasado. Este registro solo es superado por el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que presenta una tasa de un 21‰ (11,7‰ y 9,3‰).
Si la se toma en cuenta la cantidad de procedimientos realizados durante ese lapso en números absolutos, la provincia de Buenos Aires presenta la mayor cantidad de casos, con 55.812 abortos. Entre las provincias donde menos prácticas se notificaron figuran Chaco y San Juan, con tasas de un 4,6‰ y de un 3,1‰, respectivamente.
La ley establece el derecho de las personas embarazadas a interrumpir el proceso hasta las 14 semanas de gestación (IVE), y reconoce, sin plazos, el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) en casos de violación, de peligro de la vida o de la salud de la persona gestante.
La distribución de la cantidad de abortos por provincia es desigual. A CABA y a Tucumán le siguen, en orden decreciente, Jujuy, con un 16,5‰ desde enero de 2021 hasta el último septiembre (un 8,5‰ durante 2021 y un 8‰ en el lapso de enero a septiembre de 2022); Tierra del Fuego (15,9‰: 7,1‰ y 8,7‰); Salta (15,6‰: 8,1‰ y 7,5‰); La Pampa (14,5‰: 12,5‰ y 2,4‰); Catamarca (13,3‰: 7,3‰ y 6,1‰); Buenos Aires (12,8‰: 7,6‰ y 5,2‰); La Rioja (12,2‰: 7,1‰ y 5,2‰); Chubut (12,2‰: 6‰ y 6,2‰); Neuquén (11,9‰: 3,8‰ y 8‰); San Luis (11,6‰: 6‰ y 5,6‰); Santa Fe (9,8‰: 4,9‰ y 4,9‰); Mendoza (9,6‰: 5,8‰ y 3,7‰); Entre Ríos (8,7‰: 4,7‰ y 4‰); Río Negro (7,9‰: 4,3‰y 3,6‰); Córdoba (7,8‰: 4,2‰ y 3,6‰); Santiago del Estero (6,6‰: 2,3‰ y 4,4‰); Santa Cruz (6,5‰: 2,8‰ y 3,7‰); Formosa (5,8‰: 1,8‰ y 4,1‰); Misiones (4,7‰: 1,8‰ y 2,9‰); Corriente (4,7‰: 2,1‰ y 2,6‰); Chaco (4,6‰: 2,2‰ y 2,4‰), y San Juan (3,1‰: 1,9‰ y 1,2‰).
Registros de abortos
“Mensualmente, cada provincia envía a la Nación los registros de las interrupciones que los equipos de salud realizan, ya sea de manera ambulatoria (primer trimestre) o por internación (segundo trimestre)”, explicó la directora de Salud Sexual y Reproductiva de la Nación Valeria Isla.
Añadió que con las distintas jurisdicciones se coordinaron una serie de lineamientos para que la información se recopile en modo uniforme y sirva como insumo para la política sanitaria.
Denuncias de “barreras”
Desde que la norma entró en vigencia -el 15 de enero de 2021- hasta abril de 2022, la Superintendencia había recibido 319 reclamos de algún tipo de barrera para el acceso al aborto en toda la Argentina.
Y hasta el 31 de enero de 2022, la Dirección Nacional de Defensa de los consumidores había recibido otros 361. El principal obstáculo denunciado fue la denegación de la práctica; seguido por la denegación de la cobertura integral de la práctica.
fuente: chequeado