Un juicio oral contra un ex agente y un ex interno del penal de Villa Urquiza puso en el tapete, otra vez, el consumo y la comercialización de estupefacientes dentro de la institución carcelaria de la provincia.
El jueves último, el Tribunal Oral Federal (TOF) condenó a Miguel Ángel Herrera, quien se desempeñaba como enfermero, a cinco años de prisión y multa de $ 2.500, al considerarlo responsable del delito de entrega de drogas, agravado por haberlo hecho, justamente, dentro de un lugar de detención. También falló en contra de Roberto Fabián Frasca, ex recluso, con un pena de un año de prisión de ejecución condicional por tenencia de sustancias ilegales.
Ambos habían llegado a esta etapa judicial procesados por los respectivos hechos delictivos, ocurridos en febrero de 2013. Según constó en el requerimiento fiscal de elevación a juicio, Herrera había entregado a “título gratuito, en el sector de enfermería de la unidad penitenciaria, sustancias estupefacientes al interno Frasca”. En ese caso, Herrera había sido excarcelado antes, y podría cumplir la condena (lo que resta del tiempo) si en Casación se confirma el fallo.
En su alegato, el fiscal federal Pablo Camuña afirmó que se había comprobado durante el proceso oral que el interno Frasca, quien cumplía entonces prisión preventiva en Villa Urquiza, concurrió dos veces al servicio de enfermería para recibir medicación a raíz de las patologías que sufría. De acuerdo con los dichos del funcionario judicial, y sobre la base de los testimonios, peritajes e informes oficiales, se corroboró, en esa situación, la entrega de “pastillas de psicotrópicos”, unos 200 gramos de marihuana y 150 gramos de cocaína.
“Por detrás de este hecho, hay una realidad que fue traída desde el principio del debate, que es la situación de consumo y tráfico de estupefacientes en el interior de los establecimientos penitenciarios; en concreto, en el penal Villa Urquiza”, expresó Camuña.
“Revisando las constancias, sólo en la fiscalía que está a mi cargo en instrucción, durante 2015 se secuestraron casi 6.000 pastillas de alprazolam y clonazepam, ingresadas de manera ilegal al penal. Esto solo, sin contar los psicotrópicos, es alarmante”, añadió. El fiscal federal hizo hincapié en que se realizan estas acciones para gestionar o manejar la adicción de los internos. “Llevan a una situación de servidumbre. Pasan a depender de subsistemas ilegales formadas”, enfatizó.
“Puede ser que haya un sistema de servidumbre impuesto por los propios internos, pero esta situación se agrava aún más cuando el propio personal penitenciario instrumenta este sistema sobre las personas que están a su custodia”, remarcó el funcionario en su alegato.
El juicio estuvo a cargo de los vocales María Alicia Noli, Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas.
En la causa también fue expuesta en la audiencia “la golpiza” que recibió el recluso Frasca, a partir de las declaraciones de los testigos y del propio ex recluso, como una metodología interna de castigo dentro de ese “subsistema”. “Ninguno de los dos actos es admisible”, dijo el fiscal.
Adolfo Bertini, defensor Público Oficial, dijo luego que coincidía con la posición de Camuña y afirmó que Frasca fue “torturado por el servicio penitenciario”, basándose también en los testimonios registrados en el juicio. Sin embargo, señaló que Herrera, su defendido, ha sido “un chivo expiatorio” en el hecho delictivo y por ello pedía la absolución del acusado.
“Fuego cruzado”
Vanesa Lucero, Defensora Oficial de Frasca, manifestó que el ex recluso “estuvo en medio del fuego cruzado dentro del penal”.
“Hay dos hechos incontrovertibles si pensamos en la realidad carcelaria. Por un lado, hay sistemas verticalistas de poder entre los internos, generados por el mismo hacinamiento y la violencia. Por otro lado, la innegable corrupción en el servicio penitenciario federal, a la que se refirió el fiscal. Esta corrupción resulta clara; si no, ¿cómo entra la droga a los penales?”, inquirió.
En noviembre del año pasado, el ex interno Fernando Sebastián Medina -quien se encontraba alojado en el anexo de la Unidad 1 y 2 del penal de Villa Urquiza- fue asesinado por otro recluso. La víctima, de 31 años, había recibido varios puntazos en el interior de la cárcel. El fallecido, tiempo antes, había denunciado la venta de droga adentro de la institución carcelaria de la capital.
Este fue uno de los hechos más relevantes y que hoy investiga la Justicia local, relacionados con el negocio ilegal de estupefacientes y con muertes de internos.
fuente: la gaceta