En un reciente fallo, los miembros de la sala I de la cámara federal porteña, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, anularon sin resolver los procesamientos un embargo sobre funcionarios y una empresa acusados de cometer un fraude contra el ministerio del Interior por más de 50 millones de pesos y apartaron al juez federal Claudio Bonadio de la causa. El tercer miembro de sala Leopoldo Bruglia votó en disidencia. Fuentes judiciales temen que los camaristas apliquen ahora el mismo polémico criterio en la apelación contra en el embargo y procesamiento de Cristina Kirchner y sus hijos en la causa Los Sauces. Todo con el agravante de que Freiler fue indagado esta semana en la comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, donde la mayoría de representantes de Cambiemos le quieren iniciar un juicio político. La defensa de la ex presidenta se apuró en apelar la medida de Bonadio y Freiler salió a decir que no se abstendrá de votar hasta que lo suspendan.
Hace dos semanas, Bonadio procesó a Cristina, Máximo y Florencia por asociación ilícita, lavado de dinero y negociaciones incompatibles con la función pública y les trabó un embargo preventivo de 130 millones de pesos a los dos primeros y de 100 a la tercera. Y, sobre todo, nombró a un administrador judicial en la inmobiliaria “Los Sauces”, que administra los departamentos y casas de los Kirchner.
El criterio de Freiler y Ballestero va contra la posición de la otra sala del tribunal, la II, que ya aceptó -por ejemplo en la causa de la ruta del dinero K o el plan Qunitas – la doctrina del embargo preventivo amplio de acuerdo a estándares internacionales sobre la lucha contra la corrupcion basados en el derecho a que el Estado recupere el dinero que le robaron.
Las fuentes recordaron que el polémico criterio de Freiler y Ballestero lo aplicaron a fines del año pasado en una causa en que se investiga un fraude de entre 50 y 100 millones de pesos contra del ministerio de Interior. En esta causa, Bonadio procesó y embargó a la ex directora de la Unidad Ejecutora Central (UEC) de un plan de modernización del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), María de Lourdes Giménez y a otros 24 funcionarios y empresarios involucrados en las maniobras. La UEC implementó programas de modernización, difusión y capacitación para el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), la dirección Nacional Electoral, la Agencia Nacional de Vialidad y la Auditoría General de la Nación (AGN). Sin embargo, se descubrió que se libraron cheques con fondos públicos que eran cobrados por los mismos funcionarios, que las facturas era irregulares al igual que muchas contrataciones que eran con empresas integradas por familiares de los funcionarios. La causa se inició en el 2013 por una denuncia del entonces ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, en base a una auditoría del PNUD. Muchos de los programas bajo la lupa judicial eran para “el fortalecimiento del procesos electoral”, contaron fuentes judiciales a Clarín. Una de las empresas contratistas, Callmed recibió negocios por 22 millones de pesos. Su titular, Guillermo Bidinosti, quien realizó varios viajes al exterior junto con Giménez. Además, ésta ex directora estaba autorizada a manejar un Audio Quattro que es propiedad de Callmed y cuesta más de medio millón de pesos.
Después de los contratos con los fondos del PNUD, Callmed -una empresa investigada también en la causa del plan “Argentina Sonríe” que manejó la mujer de Máximo Kirchner- compró un departamento de 345 mil dólares, dos cocheras y quince autos, entre otros bienes. Callmed no lleva en orden sus libros ante la Inspección General de Justicia y tiene una deuda millonaria con el Estado. Con las otras empresas investigadas Hak S.A., Gurban 360 S.A. y Paff Btl SA, también se registraron situaciones parecidas. Debido a estas situaciones irregulares, Bonadio había nombrado un administrador judicials de Callmed y removido a su administrador, basándose en el artículo 305 del Código Penal. Pero el abogado de Callmed, Luis Ischioli, interpuso un recurso de reposición y la sala I de la cámara federal, con los votos de Freiler y Ballestero, le dio la razón.
Fuente: Clarín