Al correntino Carlos Soto Dávila se lo acusa de ser el “jefe” de una asociación ilícita. El juez hasta aquí da pelea y no está detenido gracias a que tiene fueros. Testimonios de arrepentidos, escuchas telefónicas y documentación patrimonial variada, convencieron al juez federal de la Capital Sergio Torres, de ordenar su indagatoria y detención en el marco de una megacausa sobre el tráfico de marihuana a través de la ciudad de Itatí, en Corrientes.
Fueros. Esa fue la capa protectora que esta madrugada evitó que el juez federal N° 1 de Corrientes, Carlos Soto Dávila (70 años), terminara en una celda acusado de ser el jefe de “una organización criminal orientada a la percepción de dádivas a cambio de dictar resoluciones favorables a narcotraficantes”.
Megacausa de tráfico de marihuana
Testimonios de arrepentidos, escuchas telefónicas y documentación patrimonial variada convencieron al juez federal de Capital Sergio Torres de ordenar su indagatoria en el marco de una megacausa sobre el tráfico de marihuana a traves de la ciudad de Itatí.
Intendente implicado
El escándalo y las capturas también alcanzó a sus dos secretarios Pablo Molina y Federico Grau, a cinco abogados y al ex intendente de Empedrado Juan Manuel Faraone que, de hecho, ya está preso desde octubre. Todos serán interrogados entre el jueves y el viernes en los Tribunales Federales de Comodoro Py.
Allanamientos
Fue una verdadera bomba que estalló cuando todavía no se había hecho de día. Hubo siete allanamientos y Soto Dávila será notificado de la acusación en su juzgado. Como su estatus de juez lo protege de ir preso, Torres siguió los pasos formales y le pidió formalmente al Consejo de la Magistratura de la Nación el desafuero del magistrado para poder detenerlo.
Juicio político
La solicitud de juicio político no tomó por sorpresa a nadie. Soto Dávila ya venía muy cuestionado por irregularidades serias en su juzgado, un polo de poder en Corrientes ya que en su persona también se concentra la Justicia Electoral. Tal vez por esto, pero pese a las reiteradas denuncias en su contra, el correntino había logrado siempre aguantar la presión.
El juez da pelea
Luego de los allanamientos desde la Cámara Nacional Electoral se comunicaron con Soto Dávila dando por descontado que, tras el escándalo, pediría una licencia, pero el juez se negó de plano a dar un paso al costado.
Se hacía el que luchaba contra los narcos
Desde entonces, quien se había promocionado durante años como el máximo luchador contra el narcotráfico está preso precisamente por proteger a los traficantes. A principios de año comenzó el juicio oral en su contra, un debate que se extendió más allá de cualquier cálculo y cuyo veredicto podría pasar para el 2019.
Fiestas y poder
“En el marco de la organización de la que formé parte, hubo contacto con funcionarios políticos y judiciales para obtener determinados beneficios”, declaró hace pocas semanas un arrepentido ante el juez Torres, que en su investigación ya decomisó casi 15 toneladas de marihuana e indagó a 122 personas, 89 de las cuales ya fueron elevadas a juicio oral.
La declaración del arrepentido (uno de los seis que tuvo en caso en dos diferentes etapas) consta en el procesamiento que Torres le dictó a Juan Manuel Faraone. El ex intendente de la localidad de Empedrado fue detenido el 19 de octubre octubre junto a su hija gendarme, en el marco de esta misma investigación en la cual ya fueron elevados a juicio el intendente y el viceintendente de Itatí, Natividad “Roger” Terán y Fabio Adrián Aquino, respectivamente.
Lazos narcos
“Conocí a Faraone a través de ‘El Chino’, que vendía cocaína al menudeo en Laguna Seca; le vendía cocaína a Faraone para las fiestas que éste organizaba en su yate de Paso de la Patria, a las que asistía el juez (federal Carlos) Soto Dávila y Federico Grau (su secretario)”, contó el arrepentido apuntando al juez.
Más de 180 mil llamadas investigadas
A este tipo de declaraciones, Torres sumó el análisis realizado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) sobre más de 180.000 llamadas producidas entre el juez Soto Dávila y sus secretarios desde el año 2015 a la fecha. También habría prueba incriminante en dos legajos de investigación patrimonial: uno abierto para estudiar los bienes de los funcionarios judiciales y otro para analizar los movimientos de la cuenta del Banco de la Nación Argentina asignada al Juzgado Federal N° 1 de Corrientes.
La investigación
En 2013 una banda de traficantes que comercializaba marihuana en la Villa 21, del barrio de Barracas, comenzó a ser investigada en el juzgado federal de Sergio Torres. En ese expediente (N° 8.606/13), 14 personas terminaron elevadas a juicio y se decomisaron unos 700 kilos de marihuana.
Ese fue el comienzo de la investigación a cargo de Torres y de un grupo de fiscales: Carlos Stornelli, Diego Iglesias -de la Procunar- y los correntinos Flavio Ferrini y Carlos Schaefer.
Cuarta etapa del proceso
Lo que ocurrió esta madrugada fue la culminación de la cuarta etapa del proceso, una etapa que que se centró en lo más alto de la pirámide de encubrimiento: el entramado judicial que habría amparado a los narcotraficantes.
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fuente. clarín