Es por un préstamo que la institución de Avellaneda tomó para terminar las obras del estadio y nunca canceló. La Superliga y la AFA ya fueron notificadas.
El Club Atlético Independiente sufrió un duro revés en la Justicia. Un juez ordenó el embargo de cerca de 90 millones de pesos en el marco de una causa iniciada por un préstamo que se tomó con la empresa BAPRO Mandatos para la finalización de las obras del estadio, el cual no fue cancelado.
El Juzgado Nacional en lo Comercial Número 2, a cargo del juez Fernando Martín Penacca, libró sendos oficios a la Superliga y a la AFA para que el dinero que el club que conduce Hugo Moyano recibe por derechos de televisación sea retenido.
Se trata de una suma de 49.649.860, 71 pesos correspondientes al préstamo original, a la que se suman 39.719.888 pesos en materia de intereses y costas del proceso judicial.
Por el momento, la Justicia ha notificado a los organismos que regulan el fútbol a nivel nacional. Aunque hoy la Superliga de encarga de repartir los dividendos por los derechos audiovisuales, el oficio llegó también a la AFA para evitar cualquier tipo de maniobra de desvío de fondos.
Actualmente, Independiente recibe 7 millones de pesos por mes por parte de la Superliga por la televisación de sus partidos.
El escrito informa, además, que ya se pusieron en marcha los trámites diplomáticos para que, a través de Cancillería, el pedido de embargo llegue hasta la Conmebol. Actualmente, Independiente se encuentra participando de la Copa Libertares -debutó esta semana con una derrota por 1-0 ante Deportivo Lara de Venezuela-. El objetivo es que también puedan ser retenidos aquellos montos que le correspondan al “Rojo” en materia de premios y derechos en el plano internacional.
Originalmente, la entidad de Avellaneda había solicitado el préstamo a la empresa BAPRO Mandatos para finalizar las obras de la tribuna Bochini baja y de los palcos en ese mismo sector del estadio Libertadores de América. El dinero sería devuelto con la venta de estos últimos, algo que nunca se concretó.
Meses atrás, el propio Hugo Moyano había confirmado en una asamblea de socios que se había llegado a un acuerdo con BAPRO Mandatos para la cancelación de la deuda. Sin embargo, los pagos nunca se hicieron y la causa avanzó a través de la vía judicial hasta llegar al embargo librado en los últimos días de febrero de este año.
fuente. infobae