Luego de ocho días de búsqueda, este jueves comenzaron a surgir algunas respuestas concretas sobre lo que sucedió con el submarino ARA San Juan, la semana pasada, luego de que perdiera contacto con la base naval.
A medida que pasan las horas aparecen nuevos interrogantes sobre algunos protocolos y tradiciones que no se habrían cumplido en la operación que realizaba el sumergible argentino que fue construido en 1985 y reparado a nuevo en 2014.
Una de esas dudas está vinculada con las corbetas que tradicionalmente escoltan al ARA San Juan cuando realiza tareas de control de pesca ilegal. ¿No estuvieron? ¿Por qué no estuvieron? ¿Estuvieron y no detectaron la explosión? ¿O estuvieron, detectaron la explosión y mantuvieron la información en secreto? Esas y otras preguntas empezaron a circular en las últimas horas en el Ministerio de Defensa.
En este tipo de operaciones, el submarino navega sumergido con la función de detectar posibles maniobras de pesca ilegal en la plataforma submarina argentina, una de las más ricas en el mundo por su diversidad de fauna ictícola. Y en caso de observar alguna ilegalidad en la Zona Económica Exclusiva, se comunica inmediatamente con una unidad de superficie para que intervenga. A veces incluso participan aviones de la Fuerza Aérea.
Generalmente, esa unidad de superficie es una de las corbetas que forman parte de la División de Patrullado Marítimo (Drummond, Guerrico y Granville), cuyas maniobras terminan persuadiendo al buque que realiza la exploración ilegal de abandonar el área de explotación argentina. Son pocas las ocasiones en las que se desata un conflicto armado. Una de ellas sucedió el año pasado, cuando la Prefectura hundió y asistió a los tripulantes de un pesquero chino.
No está reglamentado, pero sí es un uso y costumbre habitual: una vez que termina la tarea de control, el submarino y la corbeta que lo escolta regresan juntos al puerto de destino y mantienen comunicación constante a través de diferentes canales.
¿Por qué no sucedió en el caso del ARA San Juan? La respuesta, quizás, está en las declaraciones de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, quien aseguró que las maniobras que realizaba el submarino están “bajo secreto de Estado”, el mismo recaudo que rige para las operaciones de inteligencia.