Una mujer denunció por violencia género su novia, que fue imputada por el delito de lesiones leves. El hecho se registró el lunes pasado a la madrugada, en una vivienda situada en la localidad de San Pablo, donde convive la pareja. Allí, según la denunció la presunta víctima, ambas discutieron y la imputada, una comerciante de 33 años, la tiró al piso y comenzó a darle golpes de puño en el rostro, y patadas en la cabeza y en distintas partes del cuerpo.
Denuncia y aprehensión
Intervino en el caso la Unidad Fiscal de Violencia Familiar y de Género II, a cargo de Gerardo Salas, quien en esta ocasión fue representado por el auxiliar de fiscal, Carlos Pais. En principio, reveló que la aprehensión se produjo ese mismo día, a las 17:30 horas, tras un llamado al 911; cuando la Policía llegó a la casa, le consultó a la acusada sobre lo ocurrido y lo negó, hasta que apareció la agredida y les dijo a los uniformados que horas atrás había sido golpeada por ella.
Evidencia de la golpiza
Luego de relatar el hecho, la Fiscalía presentó las evidencias reunidas hasta el momento, entre las que se destacan el examen médico que constató las lesiones y determinó 21 días de curación, así como también un certificado de discapacidad de la víctima, emitido por el Ministerio de Salud de Santiago del Estero (de donde es oriunda), el cual indica que padece un trastorno mental leve y un trastorno del lenguaje expresivo.
El Ministerio Fiscal imputó a la denunciada con el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo, en calidad de autora, y solicitó la prisión preventiva por el plazo de 15 días, aduciendo que se trata de un hecho grave y basándose en los riesgos procesales de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación.
Un radio de 200 metros
La jueza interviniente rechazó el requerimiento y dictó medidas de menor intensidad: promesa de someterse a procedimiento, obligación de fijar domicilio y someterse al cuidado o vigilancia de una persona, permanecer a disposición del tribunal y concurrir a todas las citaciones, prohibición de salir de la provincia sin autorización y de contactar a la víctima a un radio de 200 metros.