La denuncia de un abogado crispó los nervios de los miembros del sistema judicial. El profesional solicitó que se averigüe si dos peritos de caligrafía que realizan desde hace varios años estudios, tienen en realidad títulos habilitantes para ejercer dicha tarea. La Corte Suprema de Justicia ya puso en marcha una indagación de este caso.
Todo inició con un expediente de tantos. Una mujer heredó la casa de su padre y un automóvil antiguo. Los vecinos la llamaron para alertarle que desconocidos se habían apropiado de ambos bienes. Poco tiempo después, los denunciados vendieron tanto la propiedad como el vehículo.
La damnificada inició los trámites en la Justicia. El imputado presentó un boleto de compraventa firmado, en el que el titular le transfería ambas propiedades. La mujer argumentó que ese documento era “trucho” y que su padre, por su estado de salud, no estaba en condiciones de firmar ningún papel de ese tipo y que, de haberlo hecho, sería mediante engaños o por la fuerza.
Comenzó una causa que aún continúa ventilándose en tribunales. La víctima y su abogado Juan Sebastián Bauque, tal como lo establece el nuevo código procesal penal, comenzaron a buscar pruebas en pos de recuperar los bienes. El titular de la escribanía en la que se habían firmado las transferencias, negó la existencia del acta y confirmó que los sellos y la firma no son suyos.
Solicitaron entonces una pericia caligráfica de la firma del propietario con la convicción que sería falsa. Pero el especialista que la realizó, dijo que sí era del fallecido. Allí comenzaron con otra pesquisa: el perito no aparecía en ninguna lista de profesionales habilitados para cumplir con esa tarea.
El Poder Judicial dispone de la oficina de Superintendencia donde los peritos se registran. Cuando los funcionarios necesitan aclarar alguna situación, mediante un oficio enviado a esa oficina, requieren la intervención de los especialistas que aparecen en esa nómina. Bauque, al descubrir esa situación, presentó un pedido de investigación.
El profesional, en un escrito pidió que se investigue a dos empleados policiales que cumplen con esta tarea. “Los mismos no tendrían ningún título que los avale para realizar pericias caligráficas y podrían tener un curso de criminología”, razonó.
“Esto no los autoriza bajo ningún punto de vista a realizar pericias caligráficas porque sino estarían ejerciendo ilegalmente una profesión que no están facultados para hacerlo, estando incursos en delitos penales graves”, añadió en el escrito.
“Por ejemplo, esta Superintendencia debe saber que dichos supuestos peritos realizaron varias pericias caligráficas en el fuero penal, incluso se condenaron a personas por sus dictámenes caligráficos, donde la Justicia tenía como válidos sus informes sobre la falsa teoría que eran egresados universitarios, lo que no es así”, añadió.
Bauque también, en el escrito, se preguntó: “¿hay personas privadas de la libertad y condenadas en Tucumán por pericias caligráficas realizadas por esos peritos? Lo que denuncio es grave y debe ser investigado ya”.
Un vocero de la Corte confirmó la existencia de la denuncia. Fuentes judiciales agregaron que se libraron oficios a distintas entidades del país para confirmar o descartar que los sospechados estén habilitados a cumplir con esta tarea.
fuente: contexto