Joaquín Girvaux, comisario a cargo de la Unidad Regional Capital, estimó que unos 1.500 motoarrebatadores circulan por las calles tucumanas. Se trata de chicos que comienzan el cursado en la carrera del delito generalmente a los 15 años, y que a los 22 ya adquieren la experiencia necesaria para dedicarse a delitos mayores.
Todos tienen características similares. Provienen de familias de escasos recursos, sin educación ni trabajo, con problemas de adicción y antecedentes penales tempranos.
Un gran peligro para la comunidad
Además todos manejan las motos con gran pericia y comparten la peligrosa tendencia a proceder de manera muy violenta y sin medir las consecuencias.
El caso de Lucas Hernán Navarro, muerto después de un robo, cuando chocó contra un ómnibus en su intento de escape, desnudó otro aspecto del problema.
Su abogado reveló que cuando fue detenido por última vez, recibió 6 meses de prisión preventiva, ante lo cual su familia optó por pedir una probation (libertad condicional).
Soluciones y “parches”
La idea era que al salir realice tareas comunitarias y busque cómo abandonar las adicciones que lo impulsaban a cometer delitos, pero nada de eso sucedió.
El letrado lo achaca a la falta de control de la Justicia, que aplica una medida y después no puede supervisar que se cumpla, lo cual alimenta la impunidad de los motochorros.
Precisamente el pedido de Girvaux apunta ahí. La falta de resolución de los jueces agrava el escenario casi tanto como el delicado problema social que se vislumbra tras la proliferación de adolescentes decididos a hacer carrera en el delito.
La Justicia admite fallas
En Tribunales admiten el problema, pero confían en que el cambio del Código Procesal Penal puede ayudar a acelerar los procesos con condenas efectivas.
Pero el proceso de transición que dejó a los arrebatadores en el último lugar de las más de 40 mil causas a resolver en el régimen conclusional, no ofrece un panorama promisorio.
fuente: contexto