El Ministerio Público Fiscal de Tucumán reveló un entramado que amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos institucionales de la última década en la provincia. Según datos oficiales, tanto en El Cadillal como en El Mollar —separados por más de 120 kilómetros— se detectaron cientos de loteos irregulares sobre tierras fiscales que, presuntamente, fueron vendidos con la complicidad de funcionarios públicos.
La ex Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat, creada en 2008 para facilitar el acceso a la vivienda única en terrenos estatales, hoy es el eje de una investigación penal encabezada por el fiscal Miguel Varela. En lugar de ordenar el territorio, ese organismo habría funcionado como una estructura paralela dedicada a diseñar y comercializar emprendimientos inmobiliarios sobre tierras públicas.
El Mollar y El Cadillal
El caso que desató el escándalo es el del “Loteo Gaucho Castro”, en El Mollar, dentro de la Reserva Natural La Angostura. Según el expediente judicial, Juan Pablo Castro, poseedor informal de un terreno sin regularización, habría sido contactado por los entonces empleados Rafael Trujillo y Maximiliano Barreiro. Estos, lejos de frenar el avance ilegal, se ofrecieron como “desarrolladores” a cambio de un porcentaje de los lotes.
La maniobra, detallada por Varela, incluía dos etapas: primero, dividir las parcelas y gestionar servicios básicos como agua y luz; después, conseguir documentación oficial que diera visos de legalidad al proyecto. En esta segunda fase aparecen nombres de mayor peso: el ex titular de la subsecretaría, Fernando Rogel Chaler, y el entonces comisionado comunal de El Mollar, Jorge Cruz.
Firmas falsificadas
Rogel Chaler aparece como firmante de una constancia que supuestamente acreditaba el inicio del trámite de escrituración, aunque luego denunció que su firma habría sido falsificada. Cruz, por su parte, habría otorgado la factibilidad de agua potable tres años después de la venta de los lotes, además de validar informalmente el emprendimiento y cobrar por servicios municipales.
Las pruebas reunidas llevaron al fiscal Varela a ordenar allanamientos en los domicilios de los cinco mencionados. En las casas de Trujillo y Rogel Chaler se secuestró documentación sobre otros loteos, esta vez en El Cadillal, con formularios y papeles similares a los hallados en la causa de El Mollar. La Justicia sospecha que el esquema se habría replicado en distintos puntos de la provincia.
Se disolvió la repartición
La gravedad del caso llevó al gobernador Osvaldo Jaldo a disolver la Subsecretaría mediante un decreto. En su lugar, creó una unidad ejecutora y dispuso que la Dirección de Catastro asuma las tareas de regularización dominial. La decisión generó un aluvión de nuevas denuncias de vecinos que aseguran haber sido estafados por empleados de la repartición.
Uno de los casos más llamativos fue el de una mujer que denunció que dos funcionarios le exigieron dinero para gestionar la escrituración de su vivienda. Como no tenía efectivo, le ofrecieron un trato: que les entregara un televisor Smart TV adquirido en cuotas. Otro denunciante afirmó que, pese a estar sumariados y suspendidos, algunos empleados seguían exigiendo pagos por trámites supuestamente realizados.
Los defensores de los imputados buscan despegar a sus clientes de las acusaciones. Javier Lobo Aragón, abogado de Rogel Chaler, sostuvo que su defendido es ajeno al hecho y que espera que una pericia grafotécnica confirme la falsificación de su firma. Por su parte, Patricio Char, representante de Barreiro, reclamó que no se convierta a su cliente en un “perejil” y se respete el debido proceso.
Otras irregularidades
La investigación también apunta a otras irregularidades detectadas en la gestión de la ex Subsecretaría. Según las leyes provinciales y nacionales vigentes, los lotes fiscales sólo pueden regularizarse si se destinan a vivienda única y con al menos tres años de ocupación pacífica. Sin embargo, en muchos de los casos investigados, los terrenos fueron loteados y vendidos como emprendimientos comerciales sin cumplir ninguno de los requisitos.
Además, hay sospechas de falsificación de documentos públicos, otorgamiento irregular de factibilidades, cobros indebidos y omisión de controles por parte de organismos que debían intervenir. Todo esto, en territorios considerados áreas protegidas por su valor ambiental y turístico.
Por ahora, la Justicia avanza con una causa que ya suma más de 800 denuncias y amenaza con derivar en un proceso judicial de largo alcance. El escándalo de tierras fiscales en Tucumán recién empieza a desandar su camino en los tribunales. Mientras tanto, miles de familias continúan viviendo en situación de incertidumbre sobre la legalidad de sus viviendas.