La investigación impulsada por la Fiscalía de Estado de Tucumán encendió las alarmas sobre el crecimiento descontrolado en El Cadillal, uno de los principales polos turísticos de la provincia. Según un informe técnico denominado “Lineamientos de ordenamiento territorial El Cadillal”, realizado por una comisión interdisciplinaria del Estado, se detectaron 3.100 viviendas irregulares construidas sobre 300 hectáreas de tierras fiscales, muchas de ellas en áreas de alta restricción ambiental, arqueológica y de infraestructura crítica.
Por pedido del Ejecutivo
El trabajo fue solicitado por el Gobierno tucumano a través de múltiples organismos: los ministerios de Gobierno, Economía e Interior, junto a las direcciones de Catastro, Flora y Fauna, Agua, y los entes de Turismo y Cultura. Se centró exclusivamente en El Cadillal —no incluye ni Ticucho ni El Timbó— y confirmó que de los 18 emprendimientos urbanísticos relevados, solo dos loteos cumplen con todas las normas vigentes:
Loteo Abad, ubicado cerca de la rotonda de las rutas 347 y 312.
Villa Jardín, construida en 1976 durante el gobierno de facto de Antonio Domingo Bussi.
El informe expone que las urbanizaciones avanzaron sin autorización del Estado provincial, en territorios que deberían haber sido protegidos por la Ley de Bosques Nativos Nº 8.304 (2010) y la Ley de Ordenamiento Territorial Nº 9.179 (2022).
Además, advierte que la ocupación incluye zonas rojas de conservación estricta, donde directamente está prohibido construir.
Entre los casos más críticos, se destacan dos barrios
Villa del Lago, con 99 viviendas en una península conocida como “La Manito”. Muchas de las casas son prefabricadas, pero otras son de material y podrían ser demolidas por estar en zona roja.
Loteo Torres Espeche, en construcción desde 2018, con unas 207 viviendas, de las cuales 50 están en zona roja ambiental y deberían ser relocalizadas o demolidas.
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En total, Catastro denunció al menos 800 casos de usurpación. Además, muchas casas están construidas por debajo de la cota máxima del embalse (cota de ola), lo que implica que en una crecida extraordinaria podrían quedar completamente bajo el agua.
Pendientes naturales convertidas en calles
El relevamiento detectó además que las pendientes naturales fueron removidas para abrir calles de apenas tres metros de ancho, que solo permiten el paso de vehículos pequeños. Esto implica que en muchos barrios no pueden ingresar ambulancias, camiones de bomberos ni servicios de recolección de residuos. También se construyó sobre caminos existentes, impidiendo la conexión entre barrios y dejando como única vía de acceso la ruta.
Zonas de resguardo arqueológico, áreas cercanas al gasoducto, sectores de Vialidad y el acceso principal al embalse se encuentran “invadidas de punta a punta”, según señala el documento oficial.
La Oficina de Regularización Dominial y Hábitat, que funcionaba dentro de Catastro, fue disuelta en enero por orden del gobernador Osvaldo Jaldo, tras denuncias de irregularidades en la tramitación de tierras. Algunos de sus integrantes ya fueron denunciados ante la Justicia, y se creó una unidad ejecutora especial para evaluar el estado territorial de toda la provincia.
El director de Catastro, Alejandro Navarro, y la referente del Ente de Turismo, Jorgelina Fontdevila, aseguraron que sus áreas no autorizaron ninguna venta de tierras fiscales en El Cadillal, y que son los organismos que más denuncias formales realizaron contra las usurpaciones.
Sugerencias del equipo técnico
Delimitar y preservar las zonas rojas ambientales y arqueológicas.
Proteger áreas sensibles como la reserva de Aguas Chiquitas y el parque Meyer.
Regularizar el área de servicios turísticos.
Rediseñar y ensanchar las calles permitidas para garantizar el acceso a servicios esenciales.
A pesar de las advertencias, el informe concluye que las construcciones avanzan sin pausa y fuera de toda norma, incluso en zonas de alto riesgo.
El caso de El Cadillal es apenas la punta de un problema mayor: el crecimiento urbano desordenado, impulsado por la demanda inmobiliaria y la falta de controles estatales, que pone en jaque el equilibrio entre desarrollo, legalidad y cuidado ambiental en Tucumán.