Una de las tantas causas por narcomenudeo que se ventilan en los tribunales tucumanos, sobresalió en las últimas horas cuando el debate llevó a desnudar una difícil situación intrafamiliar.
Los narcotraficantes elijen a personas vulnerables para que comercialicen por ellos las sustancias prohibidas, apostando a que el kiosquero no pueda ir a prisión por alguna afección de salud o por ser el único sostén para la familia.
El viernes, el juez Federico Moeykens atendió dos planteos complicados. Tras evaluar las posturas, consideró indicado negarle la prisión domiciliaria a una acusada, hasta tanto los informes de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia concluyan que su presencia es realmente indispensable en el hogar.
La defensora oficial Susana Santillán pidió que se celebrara la audiencia para plantear el traslado, aduciendo que días atrás el juez Guillermo Taylor había ordenado la prisión preventiva por 60 días para Nancy, por lo que requirió a Moeykens, es juez penal de Niños, Niñas y Adolescentes, que el arresto se cumpliera en la vivienda familiar.
“La señora Nancy no tiene antecedentes, es madre de nueve hijos y tiene a cargo a su madre de 70 años y a un hermano que sufre de epilepsia. Todos viven en la misma casa de Paso de los Andes al 1.200. La abuela no puede encargarse de los chicos. Le pido doctor que velemos en este caso por el interés Superior del Niño”, argumentó la defensora.
La letrada basó su pedido en la información de un trabajador social sobre la situación de los menores: de ocho, 15 y 16 años. “Manifiestan que la mujer es la referente en la cuestión emocional de los chicos, es la encargada de la alimentación y el cuidado y desde que no está en el hogar no se come cuatro veces al día. Hay una dependencia a la figura materna”, expuso.
La dependencia -según contó- se debería entre otras razones a que el padre de los menores, Ignacio Manuel Salvatierra, fue asesinado años atrás durante un enfrentamiento con algunos vecinos. Una de sus hijas atestiguó el crimen.
“Recordando que Nancy goza del principio de inocencia, entiendo que el arresto de esta mujer es muy perjudicial, porque afecta el desarrollo de sus hijos. Considero que es necesario garantizar el desarrollo de este proceso, pero creo que con una domiciliaria puede alcanzar para ese fin”, concluyó la abogada.
“Coincido plenamente en que velemos por el interés superior del niño”, adelantó la auxiliar Brenda Deroy, de la fiscalía de Narcomenudeo a cargo de Diego Hevia, para acotar luego que se contextualizara sobre la detención de Nancy, recordando que “a esta mujer se la investigó, hay fotos y videos de ella, en los cuales además aparecen menores en contacto con un intercambio de sustancias”.
La funcionaria destacó que sería incongruente que la acusada pudiera volver al hogar donde se hallaron “‘bochitas’ de sustancias en dormitorios y en el patio, al alcance de cualquiera”. Incluso reveló que, si bien la acusada no tenía antecedentes, porque nunca la condenaron, sí tendría causas en trámite que quedaron archivadas.
“Del informe de la defensa surge que la acusada sería quien mantiene ese hogar, pero hasta acá solo surge que ese sustento salió de una actividad ilícita. Si la mujer cobra una pensión, podemos hacer que ese dinero sea girado a otro familiar”, cuestionó Deroy, asegurando que está acreditado que otras personas podrían asumir la responsabilidad de mantener a los menores.
Por último expuso que “en los informes surge que había hijas de la acusada que ayudaban con la comercialización de sustancias. Desde la primera audiencia sabemos que hay menores afectados por vulnerabilidad, pero entendemos que esta madre forma parte de esas vulnerabilidad de los chicos. Por eso pedimos que se haga un abordaje completo de la situación”.
Moeykens recordó que para resolver esta cuestión será fundamental contar con los informes que describan las situaciones de los niños y adolescentes hijos de la imputada. El juez consideró que la defensa no había acreditado que los menores se encuentren en peligro de vulneración desde que están al cuidado de su abuela. Por eso rechazó la domiciliaria.
“El domicilio propuesto para el beneficio, es el mismo donde se secuestraron estupefacientes, cuya presunta comercialización es el objeto de esta causa, por lo que, de conceder el beneficio la madre volvería al lugar donde se cometieron los presuntos ilícitos, lo cual si atentaría contra el interés superior de los hijos de la imputada”, fundamentó el juez.
Sin perjuicio de que rechazó ese pedido, ordenó que la Dinayf informe la situación de los hijos menores de la imputada y que en el organismo proteccional se arbitren todos los recursos y medidas que fueran necesarias para el bien de esos chicos.
fuente: contexto