La causa que involucra una supuesta red de tráfico y comercialización de drogas en el penal de Villa Urquiza se encuentra en una encrucijada decisiva, a punto de desvanecerse sin mayores consecuencias legales.
De un total de 17 individuos investigados, entre ellos el ex juez de Ejecución Penal Roberto Guyot y varios miembros de la cúpula del Servicio Penitenciario, solo uno ha sido procesado, y lo ha sido únicamente por tenencia simple de estupefacientes, un cargo que difiere considerablemente de las acusaciones más graves que pesaban sobre ellos.
Caso complejo
La complejidad de este caso ha sido evidente desde su inicio en 2015, cuando una denuncia reveló que dentro de la cárcel, un grupo de funcionarios habría forzado a los internos a venderles sustancias controladas como marihuana y cocaína.
A medida que la investigación avanzaba, se multiplicaron las denuncias, consolidándose en un solo expediente tras un largo proceso judicial.
En noviembre de 2020, el fiscal federal Pablo Camuña solicitó que se citara a declarar a 19 personas, pero el caso experimentó múltiples retrasos. Uno de los episodios más llamativos fue la pérdida de un expediente en noviembre de 2021, que atrasó aún más los procedimientos.
Para noviembre de 2023, luego de superar varios obstáculos legales, el nuevo fiscal Agustín Chit solicitó nuevamente que los acusados declararan, lo que llevó a la revelación de que no se habían protegido las identidades de los testigos, generando un nuevo inconveniente.
El tiempo jugó en contra
A pesar de los años transcurridos, por fin se presentó la acusación formal. Sin embargo, el tiempo no ha sido benévolo, y lamentablemente, dos de los investigados fallecieron antes de poder ser informados sobre los cargos en su contra.
Los fiscales sostuvieron que los imputados habían creado una estructura delictiva para la obtención y comercialización de estupefacientes dentro del Penal de Villa Urquiza, utilizando tácticas de amenaza y violencia física y psicológica sobre los internos para cumplir con sus objetivos, aprovechándose de la vulnerabilidad de aquellos bajo su custodia.
Esta supuesta red habría operado desde inicios de 2015 hasta mediados de 2018, involucrando tanto a miembros del poder judicial como a personal penitenciario. Los acusados, que se presentaron a indagatoria, negaron las acusaciones, y algunos afirmaron contar con pruebas que respalden su inocencia.
Un solo procesado
No obstante, el juez federal José Manuel Díaz Vélez decidió procesar únicamente a Sergio Walter Patto por tenencia simple de estupefacientes, tras encontrar en su escritorio 200 gramos de marihuana y menos de 100 gramos de cocaína durante un allanamiento.
El juez expresó su preocupación por la naturaleza de la evidencia, que se basaba principalmente en testimonios de testigos, muchos de los cuales habían recibido protección de identidad. Esta práctica plantea serios dilemas legales y constitucionales en el contexto del derecho penal argentino, ya que puede comprometer derechos fundamentales como el derecho a la defensa y a un juicio justo.
Díaz Vélez también subrayó que, aunque en delitos complejos como el narcotráfico se utilicen testigos con identidad reservada, no debería ser suficiente para fundamentar una condena sin corroboración de otras pruebas.
Triste final para la causa
Ante esta resolución, el fiscal Chit ha decidido apelar, y si no logra revertirla, es posible que uno de los casos más significativos de la última década se disuelva sin mayores repercusiones.
La situación continúa estando bajo el foco de atención, con implicaciones profundas para el sistema judicial y penitenciario argentino.