El fiscal Ignacio López Bustos está manejando dos líneas en la investigación por la venta ilegal de la mercadería del ministerio de Desarrollo Social. Las dos conducen al mismo lado: habrían sido entregada con fines benéficos, pero sus responsables la podrían haber entregado como bolsones en las últimas elecciones o como parte del sistema de clientelismo político.
Esa teoría comenzó a tomar más fuerzas con dos situaciones que se vivieron ayer. La primera, durante la audiencia en contra de Rosa Margarita Ibáñez (61) la cuarta aprehendida por esta causa. En el debate (cuyo resultado se informa por separado) la auxiliar Julieta Mole, siguiendo las instrucciones de López Bustos, planteó su teoría del caso.
Informó que personal de la ex Brigada de Investigaciones logró un testimonio clave. Una persona afirmó que era común que Marcos Soria, yerno de la acusada, utilizara una camioneta Renault Oroch color bordó para trasladar mercadería que creía que era de Desarrollo Social. Esa versión se transformó en un allanamiento donde se encontró yerba, fideos, lentejas y harinas, que efectivamente habían sido entregadas por el Estado.
En la misma audiencia, Mole informó que la fiscalía de Delitos Complejos que subroga López Bustos, había solicitado la detención. Por esa razón, los investigadores lo habían buscado en su casa de Villa 9 de Julio y en el Concejo Deliberante, lugar donde trabajaría con el edil Emiliano Vargas Aignasse. Terminó entregándose cerca del mediodía.
Tanto el concejal, como funcionarios de Desarrollo Social, confirmaron que Soria era el encargado de retirar la mercadería en nombre de la cooperativa de trabajo “Caminemos juntos de la mano” de la empresa Hacha de Piedra. Por el momento no trascendió la cantidad ni porqué él realizaba esta tarea si la agrupación estaba a nombre de otras personas.
Hacha de Piedra es una empresa de logística de la familia Ortega.
Ahora resta saber cuál será la postura que tomará el detenido. Vargas Aignasse señaló que lo denunciaría ante la Justicia si es que se llegaba a confirmar que se quedaba con la mercadería que tenía otro destino. “En la jerga policial eso se llama soltarle la mano. Hay que ver cuál será su reacción”, indicó.
Lucas Orillo es el nombre del policía que apareció mencionado en la causa. El efectivo, que presta servicio en Distrito Urbano y que quedó en disponibilidad el 18 de enero, finalmente se presentó en Tribunales. Él negó tener participación en la venta de mercadería, pero confirmó que una prima suya podría estar involucrada y marcó los lugares donde podría tener oculto los víveres.
Ayer se realizaron otros seis allanamientos. Cinco de ellos fueron en la capital y el restante, en San Andrés. Por primera vez, los investigadores se presentaron en un galpón, donde se sospechaba que podrían encontrar grandes cantidades de mercadería. No encontraron alimentos, pero sí evidencias para pensar que allí se acopiaban los víveres y que fueron retirados en los últimos días. También encontraron documentación que podría llevar quiénes eran los beneficiarios de esos productos buscados.
Además allanaron el domicilio de la mujer y le secuestraron un celular. La sospechosa estaría vinculada a un legislador del oficialismo.
Han pasado casi dos semanas desde que el ministro de Desarrollo Social Federico Masso denunció el caso. Hasta el momento, se realizó una treintena de allanamientos. En las medidas se secuestraron mercaderías y procesaron a cuatro personas, tres de ellas están privadas de su libertad.
Hasta aquí la Justicia sólo analiza lo que sucedió desde el 29 de octubre, día en el que hubo un cambio de gobierno en la Provincia. Pero todo parecería indicar que las irregularidades se habrían cometido antes de esa fecha.
Por ejemplo, se supo que en octubre hubo una doble entrega de mercadería. Los beneficiarios recibieron la de ese mes y la de noviembre. La fecha no es casual: fueron días antes de que se realizaran las elecciones presidenciales primero y el balotaje, después. Esa es otra de las razones por las que se piensa que la mercadería que se está comercializando habría tenido como destino el armado de bolsones que se entregan a cambio de votos.
Lo que no está claro aún es si esta maniobra fue orquestada por dirigentes sociales o si también habrían sido pergeniadas por los dirigentes políticos que solicitaban, en nombres de sus fundaciones, los alimentos que debían terminar en manos de carenciados. En Desarrollo Social ya existiría una lista con los nombres de las personas que hicieron esta solicitud.
Mensualmente, el gobierno adquiere 600.000 kilos de alimentos no perecederos para armar los módulos alimentarios de ocho kilos. Oficialmente se informó que el 20% (120.000 kilos) no llegan a destino de los más necesitados. En dinero, representaría $120 millones aproximadamente, según informó La Gaceta.