Por Julio Denis|El asesinato de Julio Rubén Scida, de 63 años, a manos de un motociclista infractor y ahora asesino, abre el debate sobre la responsabilidad de las autoridades de, al menos hacer cumplir las leyes vigentes.
Todos somos testigos de motociclistas en contramano, por las veredas, motos estacionadas en cualquier lugar, automovilistas que no respetan los semaforos y mucho menos a los peatones.
Nuestra provincia se encuentra en el cuarto lugar a nivel nacional en la triste estadísticas de siniestros viales, y no digo “accidentes” por este tipo de situaciones podrían ser evitadas.
El cobarde ataque de Ángel Ismael Cativa sobre el arquitecto Scida es una clara muestra de la degradación social que vivimos, esta bestia no sólo se sintió en derecho de casi atropellar al hijo de la víctima pasando en rojo, sino que no entendió que era él el que tenía que pedir disculpas en lugar de ofenderse y ponerse violento.
Seguramente más de uno habrá experimentado una situación como esta, aún siendo mujeres, ya que a una amiga hasta un cobarde se animo a invitarla a bajarse de su vehículo para “arreglar la cosas”.
Es momento que las autoridades tomen carta en el asunto, ya que el personal de tránsito no sólo no hace cumplir las leyes vigentes y parecería que es mucho pedirles que endurezcan las penas los parlamentarios con este nivel de incumplimiento.
La realidad es que esta situación no puede pasar desapercibida, no debemos sumarle a la inseguridad otra problemática más, ya es demasiado para un sólo cuerpo tener que seguir aguantando.
Ley contra los motochorros
La normativa esta vigente desde el 19 de junio del 2020, sin embargo seguimos viendo que las autoridades municipales hacen la vista gorda y no la hacen cumplir.
- En el marco de la Emergencia en Seguridad Pública, se faculta a la Policía de la Provincia a realizar “de manera aleatoria” los controles a motos “que considere convenientes, con autorización de los municipios o comunas”. Como la ley es de “orden público”, ya está en vigencia.
- El Poder Ejecutivo formalizará acuerdos con las fuerzas de seguridad federales (Policía Federal, de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional) para que participen de los procedimientos.
- Se prohíbe en Tucumán “la circulación de motovehículos que transporten a dos personas adultas”. Están exceptuados de dicha restricción los acompañantes menores de 15 años, además de los traslados de padres/madres e hijas/hijos, sin límite de edad.
- Se podrá llevar acompañantes por razones “laborales o de extrema necesidad debidamente acreditadas ante la Policía de la Provincia”.
- La fuerza provincial entregará “un permiso provisorio” que identifique expresamente al conductor y al otro adulto. La vigencia será de hasta seis meses y se gestionará a través de internet.
- La normativa prevé una excepción general, que dará cierta flexibilidad a las fuerzas a cargo de los operativos. “En caso de extrema necesidad, fuerza mayor o caso fortuito, la acreditación se hará frente al control sumariamente y de manera verbal; el encargado del control decidirá sin más trámite dejando constancia sobre esa situación en un libro de actas habilitado a esos fines”, expresa el artículo 5°.
- El Ministerio de Seguridad podrá disponer “con carácter de excepción y en base a razones de seguridad pública”, la prohibición de la circulación de dos personas en una moto “en determinados días, horarios y áreas, con motivo de la realización de espectáculos o reuniones de cualquier tipo que impliquen la concurrencia masiva de público o la posibilidad de riesgo social”.
- Se prohíbe el estacionamiento en guarderías “de motovehículos que no tengan la correspondiente chapa identificatoria debidamente colocada”.
Bien gracias…
El peor ejemplo
El juez Orlando Velio Stoyanoff Isas, a cargo del Juzgado Civil en Familia y Sucesiones de la IV nominación, protagonizó un violento episodio que quedó grabado: en la esquina de la avenida Aconquija y Venezuela de la ciudad de Yerba Buena de la provincia de Tucumán golpeó a un cadete con quien tuvo una discusión de tránsito y le revoleó la moto contra el asfalto.
En el video, que se volvió viral, se puede observar al magistrado fuera de sí agrediendo al cadete en un ataque de furia. Esta situación, que fue denunciada por Franco Azan, de 20 años de edad, derivó en al menos tres pedidos de juicio político ante el Colegio de Abogados y la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.
Stoyanoff, aparte de su función como juez desde hace más de diez años, se desempeña también como docente de la Universidad Nacional de Tucumán en la materia “Familia y sucesiones” dictada en los últimos años de las carreras de Abogacía, Escribanía y Procuración.
Luego del violento hecho, el abogado Gustavo Morales presentó un pedido de juicio político ante el Colegio de Abogados de Tucumán. Su colega Pablo Bauque lo hizo ante la Corte Suprema de Justicia, mientras que el Sindicato de Motociclistas y Mensajeros presentaron la misma iniciativa en mesa de entrada de la Legislatura.
Según Morales, Stoyanoff es uno de los jueces de Familia con la mayor cantidad de denuncias realizadas en su contra: “Desde su llegada como magistrado hasta el día de hoy supera las 150 denuncias. Es una persona sumamente autoritaria, que no sólo ejerce el mando sino el comando, da órdenes y maltrata al personal sobre todo a las mujeres. Carece de frenos inhibitorios. Hace unos siete u ocho años fue denunciado por una abogada; lo grave fue que el Colegio de Abogados terminó sancionando a la víctima. Luego la víctima realizó una denuncia en contra del Colegio de Abogados y terminó ganándole. La colega después formó parte del tribunal de ética. Prefiero resguardar su identidad”, advirtió el letrado.
Esta claro que desde las esferas más altas el ejemplo no es el mejor, pero es no sólo el derecho, sino el deber de todos los ciudadanos exhigir que cada funcionario, de cualquiera de los 3 poderes, cumpla con las funciones para la cual fue electo, y justamente la integridad de los ciudadanos debe ser la prioridad número uno desde el inicio hasta el final de sus funciones.
Este terrible homidicio del arquitecto Scida no puede pasar desapercibido, las autoridades deben dejar de hacer “la vista gorda” y ponerse a trabajar.