La “motosierra” llegó a ese organismo. El Gobierno busca que la política habitacional sea gestionada por provincias, municipios y el sector privado. Hay unas 17.000 unidades sin concluir.
En el marco del proceso de reestructuración del Estado, el Gobierno nacional, disolvió la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda a través del Decreto 70/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial. La decisión se basa en la premisa de que la política de vivienda debe ser gestionada por provincias, municipios y el sector privado, con poca intervención del Estado nacional en esta área.
Gran parte de las funciones de la ex Secretaría de Vivienda se desarrollaban a través de tres fondos fiduciarios que fueron disueltos o están en proceso de liquidación. Según el Gobierno, estos instrumentos presentaban un mal uso de recursos, falta de controles y ausencia de resultados concretos.
En este contexto, la administración nacional ratificó hoy que las provincias y municipios asumirán la responsabilidad de impulsar este tipo de obras, tras detectar irregularidades en la gestión estatal, y aplicó la “Motosierra” en esta área.
Transferencia y que ocurrirá
En un contexto marcado por la necesidad de reestructurar programas habitacionales y optimizar el uso de recursos públicos, el Gobierno de Javier Milei tomó medidas para abordar los desafíos en la construcción y entrega de viviendas. Actualmente existen 17.000 viviendas en proceso de construcción que aún no fueron finalizadas y que corresponden al eliminado Plan Procrear.
La administración nacional busca resolver esta situación mediante la subasta de propiedades y la transferencia de proyectos a provincias y municipios, con el objetivo de garantizar su conclusión.
Este esquema ya fue implementado en agosto de este año, cuando se transfirieron proyectos habitacionales a provincias como Catamarca, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
Auditorías y revisión de créditos otorgados
Desde inicios de 2024, el Gobierno inició un proceso de auditoría exhaustivo sobre las obras en ejecución que dejó la anterior administración nacional.
Cada proyecto es revisado de manera individual para garantizar la transparencia en su ejecución. Estas unidades habitacionales cuentan con financiamiento del Banco Hipotecario y, en algunos casos, del Fondo de Integración Sociourbana (FISU), que desde abril de 2024 está bajo la administración del Ministerio de Economía.
En el marco de las reformas del Gobierno, se detectaron irregularidades en fondos fiduciarios, como fallas en control y registro contable. Esto llevó a la disolución del Fondo Fiduciario de Capital Social (FFCS) la semana pasada.
El artículo 5 de la Ley Bases autoriza al Ejecutivo a modificar o disolver fondos fiduciarios públicos según sus normas, permitiendo una gestión más eficiente y transparente.
El Gobierno informó que revisó los últimos 2.500 créditos otorgados en noviembre de 2023, un mes antes del fin del mandato de Alberto Fernández. Según indicaron, cada beneficiario fue contactado y se le ofreció la posibilidad de cambiar el crédito hipotecario por uno personal. Hasta el momento, el 75% aceptó la propuesta.
Antecedentes
Mediante el Decreto 1018/2024, el Gobierno dispuso en noviembre del año pasado, la disolución del Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear). Una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) había identificado demoras en la entrega de viviendas y falta de condiciones de habitabilidad en unidades adjudicadas, entre otras deficiencias.
Además, el Decreto 6/2025 de este mes determinó el cierre del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, señalado por su uso con fines políticos y clientelistas, así como por la detección de incumplimientos e irregularidades. En la misma línea, el Gobierno avanza en la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
El Decreto también estableció el traspaso de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), encabezada por Sebastián Pareja, y de la Dirección Nacional de Arquitectura a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.
El cierre de la Secretaría se implementará de manera ordenada y progresiva mediante una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET), encargada de garantizar la transición de responsabilidades. La administración nacional argumenta que la política habitacional se orientará hacia un esquema basado en el crédito privado y la participación del sector privado en la financiación de proyectos inmobiliarios.
Por su parte, los gremios advierten que la medida podría derivar en el despido de unos 500 trabajadores de la ahora ex Secretaría. En cuanto a la situación del personal, la normativa establece que quienes integran la planta permanente quedarán sujetos a lo dispuesto por el decreto 1421/02.